DANIEL SALMORAL.- En un reportaje de hace unos días atrás, el senador nacional a perpetuidad, Juan Carlos Romero, en su exposición sobre el tema privatización del ex Banco Provincial de Salta, como única explicación respondió a lo «patrón de estancia». que se privatizó, “porque daba pérdida“, como si fuera «su tambo», es decir de su propiedad.
Sobre eso, debo decirle que el ex Banco Provincial de Salta era de la comunidad salteña, pero el gobierno provincial usufructuó del mismo desde 1978 hasta Mayo de 1992, sin haber puesto un solo peso.
Su obligación como gobernador, debería haber sido investigar de forma seria y decente, si hubo vaciamiento o mala praxis desde 1992 hasta que asumió y rendir cuentas. No puede el senador nacional desconocer que hubieron denuncias y una muy específica donde se pedía un sumario de investigación con la intervención del Banco Central de la República Argentina; del entonces Tribunal de Cuentas de la Provincia y otros organismos de control.
Diario «El Tribuno» fue el único medio de información que la publicó con fecha 24-09-1993, por eso da a pensar que no se lo supo administrar o tuvo personas inexpertas, o seguramente las dos cosas, pero además hubieron muchas picardías.
Desde que usted senador Romero privatizó el Banco Provincial de Salta en el año 1996 a la fecha, el gobierno tiene una carga pública adicional de más de $60 millones de pesos mensuales,
Hoy, se puede decir que a partir de su gobierno y hasta la fecha, el Estado Provincial subsidia a un Banco privado, aumentando en más de $ 60 millones de pesos mensuales su déficit fiscal, reduciendo así asistencia a los sectores más vulnerables.
Usted Senador, debería decir la verdad a la opinión pública y con su respuesta cortante e irreverente, no faltarle el respeto a la gente que trabajó en la institución y que desde sus distintos puestos, dio todo para mantener en pié la institución y a través de ella a los sectores productivos de la provincia hasta el mes de Abril del año 1992.
El ex gobernador renovador, Roberto Augusto Ulloa y Usted, prescindieron de más de 400 familias del ex Banco Provincial de Salta con total desaprensión y con indemnizaciones por debajo de lo que marcaba la ley y estafaron a los ex empleados con la «propiedad participada», además de permitir que el Banco de Salta S.A. absorbiera empleados de instituciones quebradas que luego el Banco Macro absorbió, (por ejemplo, Banco del Noroeste), para que se esos bancos privados se ahorraran las indemnizaciones.
Usted, como Senador Nacional, dio lugar a la promulgación de la ley Nacional 23696 y la ratificó con su réplica Ley Provincial de privatización 6583.
Con fecha 5-05-2011, en declaraciones al diario «El Tribuno», manifestó su crítica al Frente para la Victoria por haber detenido el tratamiento de una ley para hacer efectivo el pago de la «propiedad participada» a los ex empleados de Altos Hornos Zapla y calificó de injusto que los habitantes del interior no tengan la misma capacidad de lobby que los de Capital Federal.
Qué incoherente que fue su accionar porque siendo gobernador, cinco años después de la privatización del Banco Provincial de Salta, violó la ley 6583 y por ende la 23696, para evitar el pago de la «propiedad participada» a los agentes del ex Banco Provincial de Salta con una simple resolución del 19-05-2003, lo que además es «autoritario es inconstitucional», como lo definió la Justicia en sentencia del mes de Octubre de 2012.
Quiero recordarle que su gobierno, para las privatizaciones, recibió del Banco Mundial más de 55 millones de dólares, y además contaba con más de 360 propiedades que eran del Banco Provincial de Salta de mucho valor, además de otros recursos en moneda nacional y dólares.
Le recuerdo además, senador Romero, que a principios del año 1992 el Banco Central de la República Argentina, publicó el ranking de los distintos posicionamientos de todos los bancos radicados en Argentina, tanto nacionales como provinciales y extranjeros. Del mismo se desprende que el ex Banco Provincial de Salta, en «solvencia patrimonial», estaba en el puesto 11 sin haber actualizado los valores de las más de 360 propiedades que poseía la institución y sin haber devengado intereses de la cartera morosa de créditos por razones estratégicas, lo que hubiera significado estar en el puesto 4, inclusive en el ranking de patrimonio neto.
En ese mismo ranking, el Banco Macro estaba en el puesto 25 y 56, respectivamente, observado por el Banco Central e intimado a presentar un plan de adecuación por la falta de recursos propios y además debían encarar un plan de capitalización.
La justicia salteña, en los considerando del fallo del mes de Octubre de 2012, determinó conforme a balances provistos por la Sindicatura General de la Nación, que el patrimonio del ex Banco Provincial de Salta, al momento de declararlo «sujeto a privatización», ascendía a más de 200 millones de dólares.
¡¡¡¡ Siiiii. Más de doscientos millones de dólares.
A principio del año 1992, se informa que el gobierno había tomado la determinación de privatizar la institución y que el destinatario era el Banco Macro. Se separa a la plana mayor para allanar la privatización y se nombran personas inexpertas para poder realizar maniobras falsas ordenadas por el gobierno de un gran simulador, Roberto Augusto Ulloa, que luego tuvieron que revertir ante las observaciones realizadas por el propio BCRA, la Sindicatura General de la Nación (Auditoría Externa) y el entonces Tribunal de Cuentas de la Provincia, por denuncias que se habían realizado desde el personal de la institución. Lamentablemente, con estas maniobras, comenzó la debacle o el vaciamiento del Banco Provincial por los altos costos que tuvo.
Luego de la frustrada privatización con nombre y apellido del beneficiario: Banco Macro, Usted comenzó negociaciones con el gobierno saliente de Roberto Ulloa, y ratificó sus fundamentos sobre «proceder a la transferencia hacia el sector privado para dotar mayor eficiencia y competitividad» etc.etc.. Una verdadera mentira, porque el gobierno comenzó a tener un enorme costo y los servicios se deterioraron.
En la privatización, y por informes, el gobierno aportó U$S 1.869.000 por el 30 % de su participación en la sociedad anónima (años después absorbida en un 100 % por el Banco Macro).
El Macro, aportó un aproximado de U$S 175.000 por el privilegio de las Acciones, y por el 70 % de su participación mayoritaria, se le financió en 12 cuotas de U$S. 272.562 lo que se absorbía con lo que se les pagaba por los servicios. Además, el gobierno le dio un préstamo por 4 millones de dólares, y le garantizó «no alterar la estructura patrimonial y relaciones técnicas» a través de un monto mínimo de depósitos del sector público de la provincia por 18 millones de dólares.
El Gobierno le otorgó la cartera de créditos privilegiados para su cobranza. Con esto, más los recursos públicos, lo fue capitalizando.
El ex Banco Provincial de Salta fue capitalizado con aportes del gobierno, por última vez, en el año 1978. Se auto financiaba (como entidad autárquica) y financiaba al Gobierno con costo prácticamente CERO.
El Gobierno tenía costo CERO por los servicios que se les brindaba a los empleados públicos y el pago a los jubilados provinciales quienes tenían un tratamiento especial con anexo específico de pagos y salas confortables de espera, así como se realizaban, mensualmente, pagos a domicilio a los jubilados con severas discapacidad, además que había cajas exclusivas y especiales para discapacitados al ingreso del edificio.
Otorgaba préstamos personales con tasas preferenciales y cuando se terminaron los redescuentos del BCRA, se bonificaban las tasas para las emergencias readecuando las deudas conforme a costo -beneficio de la Institución, absorbiendo con los ejercicios positivos de cada año.
Según las críticas del licenciado Marcelo Romero, los préstamos personales del Banco Macro son con tasas altísimas, y además la Provincia paga intereses como cualquier cliente por los eventuales descubiertos otorgados al Gobierno.
La Provincia, por los servicios del Banco Macro desde el año 1996, estaría pagando el equivalente a 1 millón de dólares mensuales.
Se dijo que los jubilados tendrían una relativa atención especial, pero recién hace tres o cuatro años se abrió un anexo específico para ellos.
Ante las emergencias, se le otorga beneficios a los clientes pero es el Gobierno quien subsidia las tasas compensando al Banco Macro, o sale a mendigar recursos al Gobierno Nacional.
Me pregunto dónde quedó el justificativo de privatización para «mayor eficiencia y competitividad» sin contar con la erogación que le significa al Gobierno de la Provincia de Salta desde 1996 a la fecha, reitero, más de 60 millones de pesos mensuales, dinero que se podría destinar a otros fines de bien público.
Los legisladores nacionales de Salta que respondían al gobernador Juan Manuel Urtubey cuando se arrogaron ser unos de los artífices del pago de la «propiedad participada» de los ex empleados de YPF, manifestaron públicamente: «Se trata de una reparación histórica y se salda una vieja deuda del Estado por la estafa de los años ’90 a los ex empleados por privatizaciones que no se deberían haber realizado». El entonces gobernador Urtubey, ratificó estos dichos el 1 de Mayo 2015 al declarar como «fraudulentas» las privatizaciones en la provincia de Salta, pero resulta que todos ellos fueron parte de su gobierno y que por acción u omisión, son parte del fraude que ellos denuncian.
Quizás a pocos les interesa conocer la verdad, pero para mí es una obligación moral.
Son muchas las mentiras y recurren a la falta de memoria de la sociedad y a la imbecilidad de muchos, a quienes llaman, «la gilada», pero en mi caso no me siento identificado ni con la sociedad desmemoriada y menos aún con «la gilada».
Reitero, hoy puedo decir que desde hace 24 años ya, el Estado provincial subsidia un Banco privado y por ende aumentó su déficit fiscal.
No hay que hacerse los distraídos o como dicen los criollos, «los caschis lanudos» con este tema.
*Juan Mariano Gerardo Solá – Gerente General y Presidente del ex Banco Provincial de Salta
Fuente: danielsalmoral.com
