El senador Juan Carlos Romero suma un artículo clave al proyecto de coparticipación del impuesto a los combustibles: prohíbe el uso de los fondos para gastos corrientes.
DANIEL SALMORAL.- Apoyando el pedido de una ley impulsado por los gobernadores, que redefine la distribución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, el senador Juan Carlos Romero incorporó una cláusula clave al proyecto.
El agregado garantiza que los fondos específicos cumplan, en manos de las provincias, con los objetivos originales para los que fueron creados.
El senador nacional Juan Carlos Romero presentó modificaciones al proyecto de ley impulsado por los mandatarios provinciales, con el objetivo de aportar mayor transparencia, fortalecer la institucionalidad y asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.
Romero propuso agregar una cláusula expresa que prohíba destinar estos fondos al financiamiento de gastos corrientes, como el pago de haberes, contrataciones o transferencias. El objetivo es asegurar que los recursos sean utilizados exclusivamente para inversiones en infraestructura estratégica, conforme al destino previsto en la legislación vigente.
“Los fondos del impuesto a los combustibles ya tienen un destino legal establecido. Lo que propusimos es dejar en claro que no pueden ser desviados hacia fines que no estén vinculados con obras o infraestructura, como ha ocurrido en el pasado”, explicó el senador salteño.
Esta propuesta quedó reflejada en el Artículo 4° del proyecto, donde se establece taxativamente que los fondos no podrán usarse para sueldos, contrataciones o gasto corriente, sino únicamente para los fines específicos definidos en la norma.
En otro de los artículos, y en relación con el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Romero aclaró que se mantiene el texto propuesto por los gobernadores, pero con una innovación fundamental: una distribución automática y objetiva basada en los coeficientes de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, en reemplazo del actual esquema discrecional administrado por el Ministerio del Interior.
Además, el proyecto prevé la disolución de los fondos fiduciarios creados por decreto, como el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT) y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), cuyo uso ha sido históricamente discrecional y poco transparente.
Fuente: Parte de Prensa
