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RIGI: las dudas que genera el punto más polémico de la Ley Bases

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El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones genera rispideces entre el oficialismo y la oposición no dialoguista y es mirada de reojo por las pymes. Alerta entre consultoras privadas por su implementación. La defensa del Gobierno.

DANIEL SALMORAL.- El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en uno de los puntos más controversiales de la Ley Bases. Se trata de un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para empresas que inviertan más de US$ 200 millones en suelo nacional a las que se les garantiza estabilidad fiscal durante 30 años. Mientras que el Gobierno lo publicita como una llave para el ingreso de la inversión extranjera, consultoras y cámaras empresariales alertan sobre los aspectos negativos del sistema.

Con media sanción en Diputados, la iniciativa será sometida a la votación de los senadores. El oficialismo ya obtuvo dictamen para el tratamiento en el Senado aunque descuenta que la ley completa regresará a la Cámara Baja con modificaciones.

RIGI: los principales puntos del proyecto oficialista

Si bien el diseño de los incentivos contempla la llegada de capitales de firmas de todos los sectores, el proyecto está pensado para atraer negocios vinculados a los sectores gasífero, petrolero, minero y agropecuario. El régimen es mirado de reojo por la Unión Industrial Argentina (UIA), que planteó diferencias con la mirada oficialista y pidió una normativa que contemple a las pymes.

“Nosotros queremos competir local e internacionalmente, pero hay que nivelar la cancha”, evaluó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, al tiempo que reclamó una ley destinada a la promoción de las pymes, en consonancia con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y, con mayores disidencias, Industriales Pymes Argentinos (IPA).

La reglamentación que pretende aprobar el oficialismo reduce el impuesto a las Ganancias a 25%; suprime el pago de Derechos de Exportación a partir del tercer año; habilita el cómputo del impuesto a los Débitos y Créditos en compensación por Ganancias; elimina derechos de importación e imposibilita que las provincias y municipios fijen o modifiquen tributos sobre los proyectos de inversión englobado en una promesa de estabilidad fiscal por 30 años.

Asimismo, ofrece a las firmas una libre disponibilidad de divisas del 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero. En materia de pleitos legales, permite que los inversores diriman sus conflictos internos directamente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Más del 80% de las demandas empresariales al país se resolvieron en favor del demandante.

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Dudas respecto a la aplicación del RIGI

Un informe de la Fundación de Investigaciones Economicas Latinoamericanas (FIEL) consideró que el RIGI «otorga una serie de beneficios que resultan o bien excesivos o que debieran generalizarse a toda la economía«.

«Las empresas pagarían una tasa de 25% en el impuesto a las Ganancias, se beneficiarían con la amortización acelerada de sus inversiones y el ajuste por inflación de los quebrantos; acreditan el 100% del impuesto sobre débitos y créditos contra el impuesto a las ganancias; por tres años no pagan derechos de exportación ni aranceles y tasa de estadística sobre la compra de bienes de capital», enumeraron.

Además, el reporte manifiesta que las compañías que suscriban a la reglamantación recibirían «un tratamiento preferencial y acelerado para la devolución del IVA pagado por las compras de bienes de inversión». También se les garantiza el acceso a divisas y que las exportaciones no estén sujetas a cuotas de exportación.

«Resulta casi evidente que, dada la combinación de los beneficios, estas empresas no pagarían impuesto a las ganancias en los primeros años posteriores a su establecimiento. En términos más generales, no queda claro que el régimen atraiga inversiones que, en un escenario macroeconómico estable, y con un tratamiento impositivo algo menos gravoso, no se hubieran realizado en cualquier caso. En principio, la conclusión es que se está dando tratamiento desigual a iguales, sin claros beneficios para la sociedad y con posibles costos en términos de recaudación«, remataron desde FIEL.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Fundar, Martín Reydó, consignó que el régimen especial para inversiones de más de US$ 200 millones «genera demasiados incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que no son necesarios». «Le estamos dando más cosas a las empresas de lo que las empresas estaban pidiendo. Es el régimen más generoso de América Latina y no era necesario hacer algo así. Captura mucha menos renta de la que puede capturar», evaluó durante una exposición en el plenario de comisiones del Senado.

Bajo su perspectiva, implica un esquema horizontal que no favorece a ningún sector en especial así como «una ventana de entrada para que se presenten proyectos sobre cualquier cosa y los países, por lo general, deciden qué cosas quieren promover y no se lo dejan al mercado».

Siguiendo esa línea crítica, Reydó manifestó que «no hay ningún requisito de integración socioproductiva con el entramado productivo que supimos construir» a lo largo del último siglo. La falta de condiciones supone un conflicto futuro para el magíster en Administración Pública.

Un paper de la Cátedra Abierta Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) subraya que las inversiones deben cumplir una serie de requisitos para beneficiar al país receptor como la generación de empleo, el impulso de otros sectores productivos, la dinamización de la economía vía mayores ingresos salariales y fiscales y mejoras en la balanza de pagos por el ingreso de divisas y bienes de capital.

Desde la óptica de los autores del trabajo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no satisface las condiciones necesarias y enumera las cinco falencias que presenta el proyecto del gobierno de Javier Milei:

  1. Los beneficios impositivos minimizan los ingresos fiscales; de ese modo, se esteriliza una vía esencial para que la explotación de recursos naturales beneficie a la Nación en su conjunto.
  2. El permiso para importar insumos sin impuestos significa una competencia desleal para empresas locales; es decir, se desalientan los eslabonamientos productivos. Esto llevará a una acentuación de la brecha de productividad entre empresas.
  3. Al dar prioridad a las empresas que adhieren al RIGI en el acceso a los recursos naturales — por ejemplo, al agua (en desmedro de la población y de la agricultura) o al gas (en detrimento del consumo interno) —, los proyectos en cuestión pueden afectar gravemente a otras empresas y actividades, así como a gran parte de la población.
  4. Al no obligar a liquidar al menos una parte apreciable de los dólares de exportación y al dar todas las facilidades para importar y girar beneficios, el RIGI no contribuirá siquiera a relajar la restricción externa.
  5. No se abre la posibilidad de negociar especiales condiciones de trabajo y vivienda para los trabajadores, necesarias en el caso de explotaciones en lugares no habitados previamente.

La defensa del Gobierno a la aplicación del RIGI

Uno de los primeros en defender el régimen de incentivos fue el ministro de Economía Luis Caputo al considerar que «es bueno para todo el mundo«. A la vez, acusó a los detractores de «querer desvirtuarlo» y juró que no habrá «inversores privilegiados».

En tal sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni también señaló que «no es el saqueo al país y no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior, y menos aún va a fundir pymes, más otras barbaridades que han planteado”.  A su juicio, los beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros generarán «más empleo, más empresas pagando impuestos en Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva».

Incluso el caído jefe de Gabinete, Nicolás Posse, defendió a capa y espada la iniciativa oficialista en el Congreso de la Nación, pocos días antes de ser eyectado del cargo por decisión del presidente: “Permite inversiones de gran volumen que requieren de seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado que genere confianza, se puedan implementar”.

Alineado con las principales espadas políticas de Milei, Mauricio Macri instó a los senadores del Pro a votar a favor del RIGI al sostener que las inversiones grandes que requiere la Argentina «sólo serán posibles con estos incentivos«.

«La Argentina ya rompió demasiadas reglas e incumplió demasiadas promesas. Los inversores necesitan garantías de que eso no va a volver a pasar y nosotros, con nuestra historia, no estamos en una posición de exigir. Tampoco tenemos tiempo que perder», argumentó el ex jefe de Estado, en un nuevo guiño a la administración libertaria.

Fuente: Perfil