El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el incumplimiento de la ley de Emergencia no responden a una falta de recursos, sino a una decisión política que relega derechos, desoye a la Justicia y utiliza a las personas con discapacidad como variable de ajuste.
Y no por falta de recursos, sino por una elección deliberada: ajustar sobre los sectores más vulnerables.
Es una señal política clara. La discapacidad deja de ser concebida como una política transversal de derechos para convertirse en una variable secundaria, subordinada a una mirada estrictamente sanitaria. Esto contradice de manera directa los compromisos asumidos por el propio Estado argentino al adoptar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el abordaje desde el modelo social, atravesando la educación, el trabajo, el transporte, la vida independiente y la inclusión social.
Sin embargo, a la fecha, no se conocen las medidas concretas que el Gobierno piensa adoptar para cumplirla. En las últimas horas se supo que el Poder Ejecutivo respondió a los requerimientos del fallo del juez Charvay, pero lo hizo de manera imprecisa y dilatoria, sin detallar cómo ni cuándo dará cumplimiento a la ley, y mucho menos cuál será el monto destinado a compensar meses de atraso, desprecio y abandono. En cualquier Estado de Derecho, esto debería encender todas las alarmas.
Cerrar la ANDIS y desoír la emergencia no son errores ni improvisaciones. Son decisiones políticas que expresan una jerarquía de prioridades. Y hoy, en esa escala, las personas con discapacidad y quienes sostienen sus apoyos han quedado peligrosamente relegadas.
De cara a 2026, la pregunta ya no es si la discapacidad está en emergencia —eso es un hecho—, sino cuánto más está dispuesto el Gobierno a vulnerar el sistema democrático.
No cumplir de inmediato con una ley votada cinco veces en el Congreso Nacional, ratificada por la Justicia y respaldada por la sociedad, es negar derechos. Negar, desfinanciar o invisibilizar la discapacidad no es austeridad: es abandono.
Fuente: Ámbito.com
