El debate se abrió con 130 legisladores y el apoyo de los gobernadores de Tucumán, Salta, Santa Cruz, San Juan, Misiones y Catamarca; tensión en el recinto e incidentes en la calle.
DANIEL SALMORAL.- En una jornada signada por el paro general dispuesto por la CGT y distintos sectores gremiales, puertas adentro de la Cámara de Diputados el oficialismo avanza esta noche con el debate sobre la reforma laboral con la expectativa de aprobarla, al menos en general, cerca de la medianoche.
Un escándalo, sin embargo, alteró los ánimos de la sesión: pasadas las 21 y transcurridas varias horas de debate, el diputado Marcelo Mango, de Unión por la Patria, pidió una moción de orden aprovechando que el recinto estaba semivacío con la ausencia masiva de los diputados oficialistas.
El principal bloque opositor pretendía que, por falta de quorum, se levantara la sesión y que el proyecto volviera a comisión.
El presidente del cuerpo, Martín Menem, salió corriendo de su despacho para presidir el cuerpo -en ese momento lo presidía Luis Petri- mientras los libertarios se apresuraban a llegar a sus bancas.
Cuando hubo quorum, se rechazó la moción pedida por Mango. Acto seguido, la diputada Silvana Giudici pidió que en media hora se vote en general la iniciativa.
La moción de Giudici se aprobó, lo que desató una batahola en el recinto y la bronca de los opositores, ya que se acortaba de manera drástica la lista de oradores. Finalmente, se acordó continuar la sesión con los oradores ya previstos. Giudici presentó una nueva moción para retirar su propia moción anterior y, aprobada, la sesión continuó como se había acordado al inicio.
El bloque libertario se muestra confiado y no teme complicaciones en la votación en general de la iniciativa. Más cauto se muestra, en cambio, frente a la instancia de la votación en particular del articulado, donde la oposición intentará incluir nuevas modificaciones al texto más allá de la eliminación del polémico artículo 44 que establecía una drástica reducción de las remuneraciones durante las licencias médicas.
El oficialismo confía en que podrá frenar la embestida con el apoyo de su elenco estable de aliados -Pro, UCR y MID-, y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. Los mismos que aportaron al quorum en el recinto.
Lo cierto es que, aunque la Cámara de Diputados le dé media sanción al proyecto, la iniciativa deberá retornar al Senado (que fue cámara de origen) por la eliminación del artículo 44. Los tiempos corren para el oficialismo: su obsesión es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción de la ley como un trofeo del Gobierno el próximo 1° de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.
En ese apuro, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para este viernes, a las 10 de la mañana, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto.
El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27. Solo entonces será ley.
El proyecto, de poco más de 200 artículos, incorpora modificaciones sustanciales en la ley de contrato de trabajo: por caso, se propone una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido; se habilita el fraccionamiento de las vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra.
Además, se permite la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.
Asimismo, la iniciativa establece la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña; la limitación del derecho de huelga y un nuevo esquema en las negociaciones colectivas para priorizar los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales.
El kirchnerismo, la izquierda y los sindicatos -principales detractores del proyecto- consideran la reforma “regresiva” y “anticonstitucional”.
Si el proyecto se convierte en ley, la puja se trasladará a los tribunales, advirtieron.
Aunque en el oficialismo confían en aprobar la iniciativa en general sin sobresaltos, la verdadera expectativa está puesta en la votación en particular, la cual se desglosará por los 26 títulos que componen el texto. Allí aparecen al menos dos puntos sensibles que podrían sufrir cambios.
Uno es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes patronales que hoy van a la Anses.
Los críticos advierten que la medida desfinanciaría el sistema previsional y advierten que el fondo -que reuniría al menos unos U$S 3000 millones- terminaría por servirle al Ministerio de Economía para fondear al Estado.
El otro capítulo que acumula resistencias es el que plantea derogar varios estatutos profesionales.
Varios legisladores de distintos bloques se muestran reticentes a acompañarlo, pero el oficialismo confía en que algunos de ellos se retiren discretamente del recinto o bien se abstengan a la hora de votar.
El debate
La sesión arrancó con los ánimos caldeados, sobre todo en Unión por la Patria, el principal bloque opositor. Sus diatribas no sólo apuntaron contra el proyecto, al que calificaron de “reforma anti laboral”; también arremetieron contra los diputados que responden a Catamarca, Tucumán y Salta -todos ellos peronistas- por apoyar la iniciativa.
Los tildaron de “traidores”.
“Esta no es una ley más: estamos frente a una transferencia de riqueza fenomenal que va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos”, advirtió la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) quien, acto seguido, apuntó contra los aliados peronistas del oficialismo. “Lo lamentable es que en esas provincias, donde el pueblo le dio el voto a un gobernador peronista, en dos años les va ganar La Libertad Avanza. Felicitaciones a los traidores que dieron quorum”, ironizó.
Previamente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo advirtió que esta reforma es “la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores”. “No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios”, enfatizó, y le tiró un dardo al radicalismo, a favor de la ley.
“Han avanzado sobre el derecho de huelga y le pido a los radicales que no pisen la memoria de Crisólogo Larralde, que puso el 14 bis en la Constitución Nacional”.
El oficialismo prefirió no responder para que la sesión no se extienda más de la cuenta. En el arranque del debate la única voz libertaria que defendió el proyecto fue su miembro informante Lisandro Almirón, presidente de la Comisión Legislación del Trabajo.
“La legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”, enfatizó.
No solo Unión por la Patria y los bloques de izquierda votarán en contra de la iniciativa. Hará lo propio el grueso de la bancada de Provincias Unidas, aunque algunos de ellos no estarán presentes a la hora de votar, entre ellos cuatro diputados por Córdoba, que pegaron el faltazo desde el principio de la sesión. El oficialismo festejaba.
Desde ese bloque, Miguel Pichetto enfatizó que esta norma “de modernización laboral no tiene nada”. “Revisando la ley y buscando esforzadamente si hay algún elemento que favorece al trabajador, puedo decir que no hay ninguno”, advirtió.
El radical Pablo Juliano, crítico de la conducción de su partido y por ello integrante de Provincias Unidas, embistió contra sus colegas de la UCR que votarán la ley.
“Mi identidad política me hace imposible acompañar esta ley. Si otros radicales se hacen los distraídos, yo no puedo. Como nos enseñó Alfonsín, hay que mirar al costado del camino. Nosotros hoy venimos a decirle que no a esta reforma laboral”, sostuvo.
El diputado Lisandro Nieri, de la UCR, tomó el guante. “La CGT y diputados de la oposición dicen estar de acuerdo en la necesidad de un proyecto de modernización, pero llama la atención que cuando fueron gobierno con mayoría en ambas cámaras no avanzaron en modificar una ley que es vetusta a todas luces, que no le sirve a los trabajadores”, retrucó.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro rechazó estos argumentos al advertir que, desde que asumió Milei, se perdieron 120 mil puestos de trabajo y más de 22 mil fábricas y empresas cerraron.
“En esta ley hay más incentivos para facilitar la salida de los trabajadores que para promover su entrada al sistema formal”, advirtió.
Fuente: La Nación
