DANIEL SALMORAL.- En un discurso meditado, pronunciado con tono mesurado y evocando incluso la figura de su padre -que fue juez-, el presidente de la Nación puso en consideración de la opinión pública su proyecto de reforma de la Justicia argentina. Para quien escribe estas líneas resulta imposible no adherir a ese propósito de enmienda, debido a que desde hace cuatro lustros viene propiciando que la Justicia Federal, inexorablemente, debía tener cambios sustanciales para mejorar su funcionamiento y con ello recuperar el prestigio que debe tener la magistratura. Si acudimos a la memoria, hace exactamente veintiséis años, cuando se llevó a cabo la Reforma de la Constitución Nacional, este fue uno de los temas principales en que se sustentó el denominado Núcleo de Coincidencias Básicas.
Acaso, porque cuando se recuperó el Estado de Derecho en 1983 la discusión sobre la Justicia argentina quedó como una asignatura pendiente. Bien hizo el presidente de recordar a Raúl Alfonsín, quien durante toda la campaña electoral que lo aupó a la primera magistratura de la República culminaba sus discursos, con la oratoria que lo distinguía, declamando el preámbulo de la Constitución Nacional, entre cuyos postulados se encuentra el de afianzar la Justicia. Nuestro país tuvo y tiene insignes magistradas y magistrados que honraron y honran el servicio de administración de justicia; pero también tuvo una caterva que desprestigió esa delicada tarea de tal suerte que es un clamor del pueblo argentino que la Justicia no sea una utopía sino una realidad tangible. También de que la probidad y el decoro, aún en el error y la falibilidad propia de la condición humana, primen por sobre todas las cosas en los tribunales. El sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) importa el control recíproco entre los poderes, de manera que toda primacía quede en paridad.
Ninguna reforma, por bien intencionada que sea, alcanza a colmar todas las expectativas. Jamás ha sido así, ni lo será. Algunos creerán que cohonesta intereses espurios; otros que prohija propósitos inconfesables; otros que es insuficiente y finalmente estaremos quienes, pese a todo y a todos, creeremos como decía William Faulkner que: entre la nada o la pena, elijo la pena. Es decir que, pese a todo, revisemos qué es lo que sucede, que ante la consideración pública la Justicia tiene un rango cercano al umbral del piso. No es posible que cinco personas decidan la suerte de la ciudadanía argentina, como ocurre con la integración actual de la Corte Suprema. Alberdi la imaginó con nueve jueces, tal como desde hace dos siglos funciona en los Estados Unidos, de cuyo acervo jurídico se nutrieron nuestros primeros constituyentes. Tampoco resulta aceptable que una ignominia señalada popularmente como Comodoro Py no sea tumbada de una vez y para siempre y que el fuero federal no quede en manos de la rapacidad o la codicia, cuando esos magistrados y magistradas son quienes deben juzgar al poder.
Ciertamente, hubiese sido muchísimo mejor que no haya ninguna comisión de notables para llevar adelante esta reforma, sino que dentro del Congreso nacional representantes de todo el arco político hubieran discutido en una comisión formada al efecto todas las posiciones acerca de la reforma. Ese es el ámbito que la propia Constitución establece para que los representantes del pueblo se expresen, opinen y presenten sus posiciones. Sin duda que para arribar a buen puerto las designaciones, sobre las que también se ocupó el discurso del presidente Fernández, deben de una vez y para siempre estar a la altura de las circunstancias, máxime en un país donde la remoción de un juez, lejos de ser una cuestión de estado parecería que se trata de una misión imposible. Remover a un juez por mal desempeño no es discrecional, es una obligación republicana y debemos decirlo con todas las letras que el corporativismo ha hecho estragos en la institucionalidad argentina. No obstante, la comisión de notables, que sin duda podría incluso haber tenido otros integrantes y otros reparos que puedan hacerse, la reforma a la Justicia Federal no podía esperar un día más y todos los habitantes del suelo argentino, parafraseando el preámbulo, debemos tomar conciencia de la importancia de la hora y hacer sentir nuestras opiniones al respecto. Es una oportunidad histórica de que esa vieja y vetusta maquinaria de impedir se la archive para siempre y adoptemos un nuevo modelo cercano a las demandas populares, próximo a la resolución real de los conflictos, con la mirada puesta en el federalismo y por sobre todo que recordemos los que somos abogados que la equidad es un valor esencial que debe presidir cotidianamente todos los actos de la Justicia. Tal vez así, de algún modo hayamos saneado en algo nuestra deuda con las futuras generaciones y con la ética republicana.
Fuente: El Tribuno
