El gobierno buscará aprobarlo este jueves. Los bloques provinciales serán fundamentales para destrabar la votación.
DANIEL SALMORAL.- El Gobierno considera que tiene alineados a sus aliados para las reformas en la ley de Tierras, de Manejo del Fuego y de los regímenes de desalojos y expropiaciones.
La Libertad Avanza reservó una ley-paquete para la última sesión del Senado antes del receso invernal. Mientras exalta una serie de proyectos que apuntan a la política financiera, y tras tres meses de deliberación, finalmente parece haber creado el escenario para conseguir media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un pretencioso abanico de reformas cuyo principal alcance es la flexibilización de la adquisición de territorio nacional para extranjeros.
“El Gobierno aprovechó el Mundial para licuar el tema y tratar de que pase desapercibido”, le dijeron a este medio desde el peronismo, el principal (y a priori el único) opositor al proyecto, que se presentó en comisiones en abril de este año y fue prorrogado en dos sesiones por pedidos de nuevas modificaciones y la presión de aliados para la salida de Manuel Adorni. Finalmente, los bloques que suelen acompañar al oficialismo en sus iniciativas parecen haber encontrado la motivación para respaldar la ley, con los argumentos de que se les concedieron sus reformas pedidas y un empoderamiento provincial en la toma de decisiones sobre la venta de tierras.
“A nosotros nos han escuchado en la mayoría de las cuestiones”, comentó el correntino Eduardo Vischi, presidente del bloque de la UCR, en la jornada que se dictaminó la propuesta, y consideró que “no es una contradicción que se pueda habilitar que cada provincia haga una reglamentación especial que determine si quiere o no y qué límite le quiere poner a la compra de bienes rurales a los extranjeros”. Entre aliados y Casa Rosada, la coincidencia sobre la reforma de la ley de Tierras existía en la eliminación del límite a la propiedad extranjera de hectáreas argentinas, pero la reforma que se realizó a la redacción libertaria le dio la potestad de autorizarlas a las gobernaciones. “Creemos que las facultades se están haciendo cada vez más federales”, sostuvo Vischi.
Otro de los cambios sobre el dictamen original, que atravesó 13 versiones y se terminará de conocer en el recinto del Senado el jueves, fue la derogación de protocolo de desalojo exprés y la preservación del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), instrumento que fue apuntado como reforma a futuro y cuyo sostenimiento fue exaltado por distintos legisladores, que se lo adjudicaron como logro. «Logré que se elimine el capítulo de ReNaBaP”, dijo en un video de redes sociales la salteña Flavia Royón, que se sumaría a la UCR al acompañamiento de la ley junto a los otros dos bloques que respaldaron el dictamen: el PRO y Provincias Unidas. Aunque esa fórmula ya le bastaría a La Libertad Avanza para alcanzar la mayoría, otro interrogante se abrirá en la sesión con el comportamiento de los dos senadores del oficialismo misionero, envueltos en una interna local que fragmenta el Frente Renovador gobernante desde 1999.
En la vereda opuesta están los bloques justicialistas, que presentaron el dictamen de minoría y movilizaron a distintos sectores (sindicalismo, científicos, iglesia) a rechazar el proyecto. “Hay falso federalismo y una aberración normativa. En el país habrá tantas regulaciones como provincias, lo que no solo genera fragmentación, sino que va a tener graves implicancias en lo que a nuestra soberanía respecta”, planteó la rionegrina Ana Marks en diálogo con Ámbito: “Al igual que hicieron con la ley de Glaciares, se disfraza de empoderamiento a las provincias pero, en definitiva, no las fortalece. Por el contrario, las pone a competir entre sí, flexibilizando estándares ambientales y de soberanía para atraer inversiones».
La jujeña Carolina Moisés, autora del dictamen de minoría, ya definió insistir con cambios en el recinto, en línea con el proyecto que presentó. Su redacción ofrece mayores garantías ante potenciales desalojos a personas que tienen mora en el pago del alquiler (“no asimila al locatario a un intruso”, plantea el texto); quita el silencio administrativo que autoriza la venta de tierras a extranjeros en caso de demora en el rechazo de la propuesta; y precisa con mayor detalle los esfuerzos para la restauración de bosques nativos.
Qué dice el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El proyecto denominado por el Ejecutivo como ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene entre sus reformas:
Expropiaciones
- En caso de expropiación, establece que «la utilidad pública será de interpretación restrictiva».
- Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea «consecuencia directa e inmediata de la expropiación». «No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente»
- Fija el plazo límite de «ocupación temporánea anormal» en un máximo de 90 días.
Desalojos
- Se amplía la posibilidad de desalojo para «todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado». «El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil».
- Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre «la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo».
Ley de Tierras
- «Salvo que medie una solicitud expresa de la provincia», se prohíben la adquisición de tierras rurales para Estados extranjeros y sus organismos vinculados.
- Se deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que protege «bienes ubicados en la zona de seguridad» para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.
- Se eliminan los artículos 8 y 10 de la ley N° 26.737, que establece en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional y dispone que las «tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo».
Ley de Manejo del Fuego
- Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.
- Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie.
Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.
Fuente: Ámbito.com
