DANIEL SALMORAL.- El fallo del juez Bavio tiene nuevos procesamientos, una falta de mérito y un pedido de evaluación mental para un ex comisario.
Julio Bavio procesó al ex subjefe de la Policía de Salta, el militar retirado Virtom Modesto Mendíaz, de 86 años, y al ex jefe del área de Informaciones de esa fuerza, Roberto Rodolfo Arredes (90).
Respecto al primero, el magistrado consideró al mismo como «coautor mediato» del homicidio de Ragone doblemente agravado por alevosía, premeditación y participación de más de dos persona. También lo procesó por el homicidio doblemente agravado por el propósito de ocultar la comisión de otro delito, asegurar sus resultados, lograr su impunidad y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Santiago Arredes, acusación que reiteró respecto a Martínez Leal, aplicándole un embargo por la suma de 2 millones de pesos. Arredes, en tanto, fue procesado por los delitos de encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público, con un embargo de 300 mil pesos.
En cuanto a Luis Dubois, oficial en el destacamento militar de Exploración de Caballería Blindada 141, el juez resolvió dictarle la falta de mérito.
Con respecto a Santiago Matías Pedroza, quien era jefe de la comisaría Primera, la cual intervino en los primeros pasos de la investigación, Bavio ordenó una pericia psicológica a fin establecer su capacidad mental. De esta manera, ya suman ocho los implicados judicialmente en el secuestro y de-saparición de Ragone, hecho ocurrido en la mañana del 11 de marzo de 1976, en la calle Del Milagro y pasaje San Lorenzo.
Como se sabe en esa operación, de la que participaron efectivos de la policía y miembros del Ejército, fue asesinado Arredes, un comerciante que salió en defensa del ex gobernador, como así también, Martínez Leal, de una inmobiliaria del lugar, también resultó herida de un balazo.
En el primer juicio, el Tribunal Orán 1 condenó a prisión perpetua a Carlos Alberto Mulhall, ex jefe del Ejército en Salta; Miguel Gentil, ex jefe de la Policía y Joaquín Guil, ex director de Seguridad. El fallo, dictado el 11 de octubre de 2011, también condenó a 2 años de prisión a Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera. A esta lista, el 24 de septiembre de 2019 y a instancia de un fallo del Tribunal Oral Federal 2, se sumó el ex juez federal, Ricardo Lona, quien recibió una condena de 15 años de cárcel como partícipe secundario.
Una investigación para impedir que se llegara a la verdad
Tras evaluar numerosas pruebas, y considerar el planteo del fiscal general, Carlos Amad, el juez concluyó en que el accionar de los acusados, a través de distintas anomalías, tuvieron como único fin «impedir no sólo la identificación y consecuente detención de los autores del hecho, sino fundamentalmente, evitar el esclarecimiento de los sucesos».
Por ejemplo, sostuvo que «resulta inexplicable, como se dijo, que los autores de las sustracciones de los vehículos hayan transitado libremente por tres provincias sorteando controles, cuando en virtud de la rigurosa militarización existente en la época naturalmente no pudieron haber contado con tales facilidades». Tampoco se realizan «diligencias en el lugar de los hechos, tendientes a lograr el secuestro de alguna de las vainas servidas de los proyectiles disparados por los atacantes contra las víctimas».
Indicó también que «no se obtuvieron rastros de los vehículos utilizados por los atacantes», entre ellos restos de pintura, marcas y otros indicios.
Sostuvo que «no se convocó a personal de la División Criminalística, por parte de las autoridades de la Seccional N° 1° para que se constituyesen en el lugar de los hechos», mientras que por otra parte, se hizo entrega «del cadáver de Arredes, sin haberle sido practicada la autopsia de rigor, máxime cuando se trató de una muerte violenta». Señaló, a su vez, que no se cursó «en forma inmediata un radiograma dirigido a todas las dependencias policiales de Salta ni a las fuerzas de seguridad de las otras provincias».
Irregularmente se procedió «a la devolución de los rodados secuestrados, sin previamente haberse practicado los exámenes periciales de rigor».
Asimismo, se «practicaron diligencias investigativas sin conocimiento del juez interviniente en el hecho, como por ejemplo rastrillajes y allanamientos». Incluso se «omitieron recibir declaraciones testimonial» a médicos y familiares de Ragone. No se averiguó quiénes fueron las dos clientas que estaban en el comercio de Arredes. Por otra parte, explicó que «las actuaciones sumariales fueron rápidamente giradas de la Seccional 1, con intervención en el hecho, al Departamento de Informaciones Policiales, dependencia que no solía instruir sumarios».
Fuente: Nuevo Diario Salta
