El referente de Barrios de Pie en Salta, Darío Limachi, confirmó que este miércoles 22 se realiza una asamblea y ollas populares en distintos barrios, en el marco de una jornada nacional convocada tras un fallo judicial que habilita al Gobierno nacional a suspender el pago del programa.
DANIEL SALMORAL.- Las organizaciones sociales de todo el país se encuentran en estado de alerta luego de que la Cámara Federal de San Martín dejara sin efecto una medida cautelar que impedía al Gobierno nacional suspender el programa «Volver al Trabajo».
En ese contexto, este miércoles 22 de julio se desarrolla una jornada nacional de protesta, de la que también participarán organizaciones de Salta.
Así lo confirmó el referente de Barrios de Pie en Salta, Darío Limachi, quien explicó que el reclamo surge ante la posibilidad de que el Ejecutivo nacional deje de abonar el beneficio mientras continúa la discusión judicial sobre su continuidad.
«El reclamo está íntimamente ligado a la continuidad del programa Volver al Trabajo, que el Gobierno pretendía dar de baja en abril. Esa decisión fue judicializada y se dictó una medida cautelar que obligó a seguir pagando el programa», explicó Limachi.
Sin embargo, señaló que la situación cambió luego de que la Cámara Federal de San Martín hiciera lugar a la apelación presentada por el Gobierno nacional y revocara esa cautelar.
«Esto implica que el Gobierno nacional está en condiciones de suspender el pago del programa hasta que se resuelva la cuestión de fondo», advirtió.
En Salta, la jornada comenzará con una asamblea de los beneficiarios y organizaciones sociales para definir las acciones que se llevarán adelante.
«Lógicamente vamos a realizar una asamblea con los compañeros para determinar los pasos a seguir. A partir de allí se organizarán ollas populares en distintos barrios y buscaremos el acompañamiento de la comunidad», sostuvo Limachi.
La convocatoria forma parte de una jornada nacional impulsada por distintas organizaciones sociales que reclaman la continuidad del programa y cuestionan la posibilidad de que miles de beneficiarios dejen de percibir la asistencia económica mientras la Justicia aún no resuelve de manera definitiva la legalidad de la medida impulsada por el Gobierno nacional.
Fuente: Informate Salta
