DANIEL SALMORAL.- Es difícil recordar un presidente que, como Alberto Fernández, haga tantas declaraciones públicas frente a periodistas (muchos amigos, pocos críticos). Sin embargo, el Presidente es especialmente hábil para esquivar las definiciones sobre temas muy sensibles para el sistema democrático. Los excesos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena; los escraches a periodistas; las violentas declaraciones de cristinistas que prometen colgar a dirigentes opositores en la Plaza de Mayo, y los atentados contra productores agropecuarios, que afectan a su propiedad y a la producción nacional agropecuaria.
El Presidente no habla sobre esos conflictos, que definen la convivencia entre personas diferentes dentro de un mismo sistema político.
El juez Villena se apresuró ayer a detener a 22 personas cuando está en discusión su competencia en el caso del espionaje a políticos y periodistas. En rigor, la Cámara Federal de la Capital Federal ya decidió que la causa madre en manos de Villena (el supuesto atentado contra José Luis Vila, un exagente de los servicios de inteligencia que también fue un funcionario menor del Ministerio de Defensa en tiempos de Mauricio Macri) debía pasar a la jurisdicción del juez federal Sebastián Ramos.
La Cámara precisó que Ramos investigaba desde antes que Villena ese caso y que el hecho ocurrió en la Capital Federal, no en Lomas de Zamora. Ambos precedentes señalan a Ramos como juez natural, no a Villena.
El fiscal Guillermo Marijuan investiga desde 2018 el presunto atentado contra Vila, que consistió en una bomba colocada en la puerta de su casa que nunca explotó. Todavía falta el resultado del peritaje que determinará si el paquete hallado en la casa de Vila era de una bomba en condiciones de explotar o si era simplemente un amedrentamiento. Marijuan consiguió incluso la filmación de una cámara de seguridad de la ciudad en la que se ve a un hombre dejando el paquete. Villena no conoce este dato.
Si ese hombre no fuera el narcotraficante «Verdura», que se atribuyó el hecho y dio nombres de personas de la AFI del gobierno de Macri que habrían hecho las persecuciones a políticos y periodistas, la causa se caería. «Verdura» comenzó su declaración diciendo que había trabajado para la AFIP, pero luego se rectificó y señaló a la AFI. Vila se había presentado ante el fiscal Marijuan y el juez Ramos a fines del año pasado para anunciar que tenía un testimonio que involucraba a la AFI de Macri. Quedó en volver, pero no volvió nunca. Hasta que su nombre apareció en el juzgado de Villena.
El juez Ramos no había notificado formalmente a Villena de la decisión de la Cámara Federal porque esperaba el transcurso de 10 días posibles para que las partes apelaran ante la Cámara de Casación. Villena usó esa ventana de tiempo para ordenar las detenciones de ayer. Algunas personas detenidas son acusadas solo de formar parte de un grupo de WhatsApp.
Antes, el fiscal Marijuan había pedido que Villena se inhabilitara de inmediato en seguir actuando en el caso. Villena siguió su camino y promete llevar al juzgado hasta Lázaro Báez y el caso del hundimiento del submarino ARA San Juan. Una megacausa para alegrar una larga fiesta del cristinismo. Algunos querellantes podrían apelar la decisión de la Cámara Federal porteña ante la Cámara Federal de La Plata. Hasta podría haber decisiones contradictorias de las dos cámaras. Debería resolver una instancia superior, pero Villena tendrá tiempo, mientras tanto, para seguir aportando al festival de denuncias del cristinismo.
El caso del polémico juez Villena promovió el primer documento de denuncia sobre las frágiles condiciones de la seguridad jurídica y la transparencia democrática de parte de Juntos por el Cambio
Fue una dura declaración firmada por Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto, entre otros. El pronunciamiento se gestó cuando Carrió dejó su estricta cuarentena en Exaltación de la Cruz para hablar por teléfono con Macri. Estaba indignada por el allanamiento de la casa del secretario privado de Macri, Darío Nieto, y la incautación de sus teléfonos y computadoras.
Carrió señaló, enfurecida, que se había secuestrado la agenda de un presidente y actual expresidente, y que esos hechos significaban una violación del Estado de Derecho. Según versiones cercanas a Carrió, esta es crítica de Rodríguez Larreta, y también de Vidal, por el silencio que guardan sobre lo que considera atropellos institucionales. Las mismas versiones indican que Carrió no descarta volver a la vida pública en las elecciones del año próximo, aunque lo haría liderando su partido y por fuera de Juntos por el Cambio. La exdiputada y fundadora de la coalición que gobernó hasta diciembre del año pasado suele aceptar que su salud no le permite un estado de estrés permanente, pero desliza también que regresaría si los principales dirigentes de Juntos por el Cambio mantienen una actitud de «silencio y pasividad ante los atropellos».
El Presidente calla sobre lo que está pasando con sus principales adversarios. Podrá decirse que al jefe del Ejecutivo no le corresponde hablar de causas judiciales. Esto es cierto, pero también lo es que Alberto Fernández acostumbra ponerse frecuentemente el traje de profesor de la Facultad de Derecho y opinar sobre causas judiciales. Lo hace sobre investigaciones que afectan a exfuncionarios kirchneristas. Tampoco se ha pronunciado sobre la campaña de hostigamiento y escrache que afecta a muchos periodistas, aunque es especialmente grave la operación de acoso y derribo contra el periodista Luis Majul.
Majul denunció que fanáticos cristinistas lo esperan todos los días en la puerta de la señal radial de CNN, donde trabaja, que lo difaman en las redes sociales y que abogados vinculados al cristinismo lo amenazan públicamente. Cristina Kirchner había hecho su propio escrache personal en un video que distribuyó en su cuenta en Instagram, contra cinco periodistas: Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Daniel Santoro, Nicolás Wiñazky y Maximiliano Montenegro. El Presidente nunca habló del asedio que sufre una parte importante del periodismo. Del mismo modo, el Gobierno mira para otro lado cuando la dirigencia agropecuaria denuncia un clima de agresiones parecido al de 2008, durante la guerra con el campo. Más de 60 casos de rotura de silobolsas, incendio de campos o de parte de ellos en todo el país han sido registrados por los dirigentes de la Mesa de Enlace. A pesar de que audios y videos de supuesta persecución de productores a los vándalos son fake news , es cierto que los ruralistas suelen cargas armas en sus camionetas. La tensión en el campo está llegando a un límite demasiado peligroso.
Los atentados a los campos llegaron con el nuevo gobierno, aunque se intensificaron después del 20 de junio, cuando sucedió el masivo «banderazo» contra la expropiación de la empresa Vicentin. La Mesa de Enlace, que agrupa a las principales cuatro entidades representativas del sector rural, les pidió reuniones desde el 2 de junio a los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Agricultura, Luis Basterra, y a la de Seguridad, Sabina Frederic. Les contestó solo la secretaria de Frederic para decirles a los dirigentes que todas sus inquietudes debían canalizarse por el Ministerio de Agricultura. De Pedro no les respondió nunca, y Basterra, con quien suelen hablar por teléfono, viene demorando el encuentro desde hace casi un mes. Todos esos funcionarios saben que los líderes ruralistas pidieron las reuniones para plantear la situación de los atentados reales, no supuestos, a la producción del campo, que significan la principal producción de la economía argentina.
El infaltable Luís D’Elía reclamó que Macri sea fusilado en la Plaza de Mayo. El dirigente del sindicato de la Construcción Juan Pablo «Pata» Medina, acusado de asociación ilícita, coacción y extorsión, promovió otro castigo en el mismo lugar: que Macri sea colgado en la Plaza de Mayo. Y Pablo Moyano, que suele ser más brutal que su padre, expresó el deseo de que Macri llegue «con casco y chaleco antibalas» (es decir, preso) al juzgado de Federico Villena. El Presidente guarda silencio sobre semejante ordalía de violencia verbal. Las palabras suelen anticipar los hechos.
Fuente: La Nación
