Salta carece de un sistema de información actualizada sobre la realidad social, pero un informe del Ielde, de 2015, ya describía un panorama dramático.
La muerte de siete niños de las comunidades wichí en lo que va de este año es un síntoma: Salta es actualmente una provincia con muy bajo índice de desarrollo humano, con récord de necesidades básicas insatisfechas y con un Estado ineficiente para el control de la salud en las áreas marginales.
El problema no es exclusivo, sino que se trata de un fenómeno regional. También es cierto que la peor de las políticas que se pueden aplicar son las de la inercia y eso es lo que ocurrió durante doce años.
Es evidente que estas mortandades se producen cuando los gobiernos abandonan las políticas sanitarias, que no consisten en publicar fotos de funcionarios inaugurando instalaciones, sino en garantizar que los agentes sanitarios puedan ejercer su función en cada hogar.
Sin embargo, aunque las muertes no hubieran ocurrido, la calidad de vida en un departamento como Rivadavia, con algo más de 30 mil habitantes en 25 mil kilómetros cuadrados, con más de la mitad de hogares que habitan en ranchos y calefaccionan con leña y sin acceso al agua potable, obligan a tomar medidas inteligentes y a largo plazo para garantizar la inclusión.
En esta ocasión, funcionarios nacionales y representantes de organismos internacionales vinieron a Salta a interiorizarse sobre la realidad social.
Lo cierto es a nadie debió sorprender esta crisis nutricional, ya que es la consecuencia lógica en comunidades que carecen de lo básico y viven alejadas del mundo al que pertenecen las dirigencias políticas, los jueces y la intelectualidad.
Es más fácil mostrarse solidario cuando ya no hay nada que hacer que desarrollar políticas menos glamorosas pero que garanticen calidad de vida.
Información vs. especulación
Un trabajo publicado en 2015 por el IELDE (Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico), que depende de la UNSa (Universidad Nacional de Salta), dirige el economista Jorge Paz, titulado «Desarrollo Humano en la Argentina y en Salta», ya había descripto el escenario de las áreas rurales más alejadas de la provincia y había señalado que «los pueblos aborígenes son los más pobres en las áreas más pobres».
En ese informe se registraban indicadores tales como expectativa de vida, acceso al alimento y a la educación y calidad de las viviendas. No solo el Estado incumplió sus obligaciones: el Ippis (Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta) debió estar más atento para resguardar a los hermanos.
Los aborígenes del Chaco no necesitan «autopercibirse» como originarios, ya que «son originarios», hablan la lengua, viven en sus tierras y no necesitan usurparlas a sus vecinos. Sin embargo, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) prefiere asignar los fondos que les corresponden a ellos para inventar comunidades legitimadas arbitrariamente y nombrar caciques que son simplemente punteros políticos. Esto es lo que pasa en los Valles Calchaquíes y solo sirve para condenar a los «hijos de la tierra» a un desamparo aún mayor.
Los organismos internacionales pueden llegar a brindar buenos aportes, pero la solución depende de los salteños. En Salta, una intromisión de entidades ajenas, como el CELS, logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos frenara por veinte años la normalización de los títulos sobre los lotes fiscales 14 y 55.
Salta en emergencia
El 27 de enero el gobernador Gustavo Sáenz decidió declarar la emergencia sociosanitaria. Con esta medida se apunta a cubrir las necesidades de alimentación, salud y agua segura de los pobladores de los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán.
La medida tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser prorrogada por 90 días más en caso de ser necesario.
Sáenz comunicó su decisión en el Grand Bourg tras la primera reunión de una mesa multisectorial que convocó luego de que se conociera la muerte de un niño del norte provincial, el sexto caso en lo que iba del año.
Fuente: El Tribuno
