Se trata de una de las personas más cercanas a Juan Manuel Urtubey y de los más beneficiados con pautas publicitarias cientos de veces millonarias durante esa gestión. Está involucrado en el escándalo que envuelve al diputado nacional Emiliano Estrada.
DANIEL SALMORAL.- La fiscal Sofía Cornejo informó que Federico Mena Saravia (supuesto socio y testaferro de Juan Manuel Urtubey en varios negocios) es la quinta persona imputada en el caso por intimidación pública que tiene seriamente comprometido al diputado nacional Emiliano Estrada y a exempleados de éste que como empleados del Congreso Nacional realizaban tareas de difamación pública en redes sociales desde perfiles falsos.
En la primera etapa de la investigación y luego de recibir declaraciones de las personas imputadas (dos de ellos identificados como empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación como asesores del diputado nacional Emiliano Estrada) y de la incorporación de otros elementos probatorios, tales como informes remitidos por empresas como Tik Tok y Google, entre otras, este martes, se imputó provisionalmente al Legislador Nacional, por la posible comisión del delito de intimidación pública, previsto en el artículo 221 del Código Penal y peculado de trabajos y servicios, previsto en el artículo 261 2º parte del Código Penal.
Ahora la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia imputó de forma provisional a Federico Mena Saravia como autor mediato del delito de intimidación pública.
El decreto de imputación se emitió el pasado 29 de enero y fue notificado el día 30. Al encontrarse de viaje en Estados Unidos, el imputado se presentó a través de un abogado particular y la audiencia de imputación se concretará a su regreso al país, después del 15 de marzo.
Mena Saravia es una persona de intima vinculación con Juan Manuel Urtubey del que recibió fondos cientos de veces millonarios en concepto de pauta publicitaria en medios de comunicación con los que el exgobernador operaba políticamente en nuestra provincia y en los que no dejó de atribuírsele ciertos niveles de sociedad con el ahora imputado.
Es más, tras recibir fondos millonarios del Estado provincial para la campaña con la que Urtubey intentaba instalarse a nivel nacional, se convirtió en productor vitivinícola adquiriendo una bodega en la provincia de Catamarca, en la que también se sospecha que tiene acciones el exgobernador marido de Isabel Macedo. En la zona se habla de que en realidad el verdadero propietario sería Urtubey y Mena Saravia solo el testaferro.
La imputación se produce a partir del rumbo que tomó la investigación con la recepción de testimonios obtenidos durante la investigación y otras medidas, de donde surgiría su participación en los hechos investigados y que tiene como principal imputado al diputado nacional Emiliano Estrada.
Es bueno recordar que Estrada fue el último ministro de Economía de Urtubey y quién manejó el período de mayor despilfarro de recursos públicos salteños para financiar la malograda campaña nacional del exgobernador en su delirante intento de ser presidente, por lo que es sencillo deducir que Estrada y Mena Saravia se conocen lo suficientemente bien, ya que éste último fue uno de los mas beneficiados económicamente de ese verdadero defalco de fondos de la provincia y que, justamente, el ahora imputado diputado nacional autorizaba y pagaba.
La Fiscal puntualizó que la causa se inició sin tener personas físicas identificadas en primera instancia, y del avance producido, se imputó inicialmente a dos personas, en forma posterior a otras dos y finalmente a una quinta, que surgieron de las tareas investigativas y quienes estarían involucradas en la comisión del delito que se investiga.
Cabe recordar que el delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado (provincial en este caso) y desestabilizar el orden democrático e inconstitucional, auspiciando intervenciones interruptivas de los gobiernos surgidos de la voluntad popular.
La fiscal Cornejo destacó que, independientemente del delito que la Fiscalía a su cargo investiga, caracterizado como de acción pública y de competencia ordinaria, y que tiene como bien jurídico protegido el orden público, y no persona alguna en particular, la investigación a su cargo no comprende las otras eventuales afectaciones diferentes que pudiesen generar compromiso o agravio en personas físicas en particular, a las que -en su caso- la ley les concede la posibilidad de presentar querella penal privada.
En lo específico, se pudo precisar la existencia de por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como “estado narco”, vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas efectivamente efectuados sobre ambulancias que indicarían -aparentemente, en principio y según su fachada exterior- indicarían pertenecer a razones sociales de privados y ser ajenas al sector publico de salud, entre otros contenidos. Precisamente de modo simultáneo y en contraposición a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en procura de la protección de la sociedad contra el impacto de estos nuevos fenómenos delictivos, y las acciones públicas de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Salta en diversos escenarios que resultan de conocimiento público.
Todo lo que posee objetivamente entidad para causar confusión y temor en la población respecto a que la provincia de Salta, lugar donde viven, se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada.
Fuente: FM Profesional
