DANIEL SALMORAL.- En el edificio de la Procuración General de la Provincia, el procurador general Pedro García Castiella, junto a sus fiscales, explicaron en conferencia de prensa la situación en que se encuentra la causa de la financiera falsa, una investigación que «recién comienza», según el procurador. Se trata de la causa donde infiltraron datos sensibles de uno de los investigadores del CIF y el tema del comisario general Juan Ramón Miranda, quien tras haber recibido una resolución por parte del jefe de la Policía para ser removido, ayer fue confirmado por Castiella para continuar en el área de investigaciones del CIF. Circunstancia, esta última, que desnudó viejas rencillas entre los organismos encargados de velar por la seguridad de los salteños.
Junto al procurador estuvieron la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la investigación donde se desbarató una organización que utilizaba una financiera falsa; el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, encargado de la causa donde un sabueso del Cuerpo de Investigaciones Fiscales fue hostigado tras datos filtrados desde el Sistema Digital del área de Recursos Humanos de la Policía, y dos fiscales auxiliares del CIF, Gaspar Solá y Nicolás Montaldi.
Durante más de una hora y media los funcionarios del Ministerio Público Fiscal se encargaron de evacuar los interrogantes impartidos por un nutrido número de periodistas salteños.
Frente a una investigación millonaria como la que se viene llevando a cabo hace algunas semanas, con una financiera falsa, el procurador se mostró molesto ante las consultas generalizadas acerca del comisario general Miranda y las «pretensiones» del jefe de la Policía, Miguel Mariano Ceballos, de separar del estratégico cargo a Miranda, quien actualmente se desempeña en el MPF.
En ese sentido, García Castiella trató de irracional e incoherente el pedido del jefe de la Policía de la Provincia de Salta.
«Nos encontramos ante la pretensión desde la Jefatura de Policía del desplazamiento del jefe del equipo de investigadores del CIF, el comisario Juan Ramón Miranda, que no es un policía más, sino es el delegado coadyuvante de este procurador en el proceso de reorganización del equipo de investigadores y que de ninguna manera se puede admitir que en pleno avance de esta investigación sea casi irracionalmente desplazado y se pretenda pasarlo a disponibilidad», expresó Castiella.
Al cabo de la conferencia de prensa expuesta por el procurador general y parte de sus fiscales, el comisario general Juan Ramón Miranda sostuvo que en “28 años de servicio jamás llegué a un lugar por amistad. Soy un empleado del Estado, pertenezco a la institución policial y por situaciones ajenas a mí me notificaron, el propio Ceballos, de presentarme a otro organismo”. Al ser consultado por la función que cumple en el CIF señaló que es el “coordinador del Departamento de Investigaciones”.
«Además, con la incoherencia de una resolución que dice que se lo retira del CIF por razones de servicio, por razones de otras necesidades del cuerpo policial cuando en la misma resolución se dice que se estará a la espera de alguna situación que necesite de su asignación», agregó el procurador efusivo.
El procurador señaló que producto de ello, personas relacionadas a la causa fueron amenazadas, por lo que se solicitó custodia a la Policía Federal.
Entre los implicados hay policías de la provincia
“Es la punta del iceberg”, dijo el procurador general de la Provincia, García Castiella, en alusión a la investigación que se viene llevando a cabo de la financiera ilegal en Salta. En la conferencia se había descartado el vínculo de policías en la causa, hasta ese momento existían solo sospechas. No hay ningún imputado hasta el momento”, afirmó la fiscal Salinas Odorisio. No obstante, en la tarde del viernes los investigadores detuvieron a dos efectivos, un oficial y un cabo, Bonifacio.
“El objetivo de esta investigación fue desbaratar una banda cuyos integrantes se dedicaban a la captación de dinero y a la actividad de una financiera absolutamente fuera de la ley”, señaló Odorisio. Siguiendo esa línea sostuvo que actuaron usando un nombre inexistente con la utilización de un “CUIL de una empresa que no tiene nada que ver con esta situación de la financiera”.
También utilizaron la firma de un abogado que es víctima y “no conoce la ciudad de Salta y mucho menos reside”, explicó la fiscal.
La fiscal recordó con cifras la magnitud de la investigación donde se secuestraron unos 3.000 documentos, más de 16 millones de pesos, 16.500 dólares y cerca de 20 vehículos, entre otros elementos. Al ser consultada explicó que se trató de una investigación que comenzó de oficio sin denuncias formales, hasta el momento hay unas 20 denuncias efectuadas.
Entre las personas que se dieron a la fuga, cuatro, se encuentra la principal implicada, todos están con pedido de captura, informó la fiscal.
Caen otros dos policías
Ayer un oficial (de apellido Espejo) y un cabo (Bonifacio) de la Policía fueron detenidos en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en la causa de la financiera. El primero tenía un local en el microcentro salteño desde donde secuestraron más de 1 millón y medio de pesos, 15.900 dólares, contrato y papelería de la Financiera Ríos y Asociados. Ambos estaban en comunicación directa con la líder y “tendrían roles como colaboradores”.
Fuente; El Tribuno
