El Gobierno reacomoda a los empleados del sector público. La injusticia inherente a los despidos masivos.
DANIEL SALMORAL.- A fin de mes el gobierno concretaría uno de los recortes de personal del sector público más numeroso de su gestión. ATE alertó por un recorte de 70.000 personas, algo que el gobierno califica como “irreal” y “muy grosero”. De hecho, de acuerdo a la estadística que elabora trimestralmente el INDEC sobre la dotación de la administración pública a diciembre del año pasado, el total de personal de todos los ministerios y la Jefatura de Gabinete ascendía a 53.871 empleados.
Pero donde más empleados se encuentran es en los organismos descentralizados: el CONICET, por ejemplo, tiene 27.000 trabajadores, la AFIP 22.200. Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Correo Argentino, AYSA y Aerolíneas suman 210.000 empleados.
En la Casa Rosada confirmaron a Clarín que la tarea dependerá de Nicolás Posse, que ordenó auditorías internas sobre cada dependencia. La Secretaría de Gestión y Empleo Público, que depende de la Jefatura de Gabinete, está en estos días atravesada por la renuncia de sus máximas autoridades: primero Armando Guibert, manchado por el aumento de sueldos de los funcionarios, y durante esta semana se conoció el alejamiento de Ricardo Bocacci, el subsecretario de Empleo Público. Nada parece casual en la antesala de una ola de despidos.
“Cada área tendrá que resolver su propio recorte y cuánta gente decide retener. No se busca sacar a nadie que trabaje bien porque esos empleados hacen falta”, le dijo un funcionario a este diario, al tiempo que reconoció que, en su caso, podría llegar a prescindir del 25% del total de trabajadores de su sector.
”No necesariamente esa es la norma –remarcó- lo define cada área”. El ajuste de fin de mes se combinaría con otras estrategias de reducción de personal. Por ejemplo, la que se aplicó sobre los trabajadores del Ministerio de las Mujeres. La cartera fue eliminada, pero los empleados no fueron echados sino absorbidos por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello. Se les exigió presencialidad y cumplimiento de horarios. Pero sin funciones asignadas, en las oficinas hay mucha más gente esperando que avance el reloj. Ese desgaste va desgranando lentamente las cantidades.
Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social, fue uno de los pocos que reconoció que está analizando unos 8.000 contratos. En la CNRT (Comisión Nacional para la Regulación del Transporte) está prevista a partir del próximo lunes la baja de 270 contratos, junto al cierre de las bases operativas del conurbano: Tigre, Morón, Lanús y San Martín. “Es este guadañazo y ya está”, le dijeron a Clarín fuentes del sector.
Decíamos días atrás en Radio Mitre sobre el conflicto laboral en América TV que cualquier despido masivo es injusto por definición: en un caso así no se discrimina por capacidad sino por necesidad de un Excel; deben cerrar las cuentas. En la tormenta del despido masivo caen tipos que se aprovecharon de su lugar, otros que trabajaron bien, empleados que por su edad nunca volverán al circuito laboral y oportunistas que seguirán saltando de liana en liana. Milei podrá decir entonces que el déficit dejó de sangrar. Pero lo que comenzará a sangrar es la calle. Estos serán los años de la ley de la selva.
Fuente: Clarín
