DANIEL SALMORAL.- La ley para autorizar al Gobierno salteño a comprar vacunas para generar inmunidad contra la COVID-19 en la mayoría de la población salteña sube al recinto este martes.
El proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, fue incluido en el acta de labor parlamentaria que acordaron los diputados oficialistas y opositores para esta sesión virtual.
La necesidad de que la Cámara de Diputados trate la ley para autorizar al Gobierno provincial a comprar vacunas fue planteada la semana pasada en el Senado.
El proyecto que aprobó a fines de abril la Cámara Alta declara de interés público provincial la adquisición de vacunas, establece el marco legal y faculta al Ejecutivo salteño a celebrar convenios y contratos.
La senadora por La Caldera, Silvina Abilés, remarcó que se trata de un marco legal necesario para negociar la compra, suscribir contratos, incluir cláusulas de confidencialidad y de indemnidad patrimonial y también establece el seguimiento y el control.
La gobernación que encabeza Gustavo Sáenz se propone comprar un millón de vacunas y ya lleva adelante una negociación con la empresa Johnson & Johnson. Este laboratorio inició el trámite de registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y espera la autorización para que se aplique en el país.
La iniciativa también autoriza al Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, a suscribir compromisos de actuación conjunta y mancomunada con otras provincias, organizaciones gubernamentales, entidades nacionales e internacionales, universidades o particulares a fin de dar, facilitar o acelerar el cumplimiento del objetivo de la ley.
Los contratos y convenios que se celebren deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Provincia y a las autoridades de las dos cámaras legislativas, con los recaudos correspondientes para respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos. Las facultades y autorizaciones tendrán vigencia mientras dure la emergencia sanitaria declarada por la ley nacional 27.541, ampliada por el decreto 260/20 y por la norma que a futuro la prorrogue.
Fuente: El Tribuno
