El miembro informante de la iniciativa fue el senador por el departamento de Chicoana, Esteban D’andrea Cornejo, quien insistió en el extenso trabajo en las distintas áreas del gobierno de la provincia con este plan y en la necesidad urgente de dar cumplimiento al decreto reglamentario de la Ley Nacional 26.331, más conocida como Ley de Bosques, y que establece la obligatoriedad de cada jurisdicción a realizar la actualización periódica del OTBN existentes en sus territorios y este tiempo periódico es de cada cinco años.
El chicoanense señaló que hay un incumplimiento claro de esta ley cuya revisión de ordenamiento debería haberse realizado en 2019.
Aseveró, además, que “se trata de una herramienta para la construcción colectiva de propuestas de uso sustentable del ambiente” y explicó la composición del semáforo ambiental, que indica la viabilidad o no de implementar estas propuestas. “Con este proyecto se busca controlar los desmontes ilegales y la tala indiscriminada. También permite que los pobladores de la zona y quienes deseen desarrollar un proyecto productivo puedan hacerlo”, remarcó en su alocución.
Las dudas y convicciones de Calabró
El legislador por el departamento de La Caldera fue uno de los que este jueves votó en contra de esta nueva disposición de los Bosques Nativos de la provincia y alertó sobre una serie “de ruidos” que le hizo el proyecto, es decir aquellos vacíos y supuestos del mismo que podrían traer consecuencias.
Si bien sostuvo que por un lado “la bondad fundamental es el análisis a nivel predial y por cuenca”, también aseveró que el anterior mapa “se parecía bastante a un mamarracho. Este se democratiza, está mejor que el anterior pero no es el ideal”.
Asimismo, recordó que desde Nación a la fecha: “Nos están debiendo 32 mil millones de pesos (por fondos de conservación de Bosques Nativos) y no confío en el Estado Nacional, aunque hagamos los deberes que mandan. No estoy dispuesto a seguir creyéndoles”, expresó.
A continuación, Calabró hizo foco en las numerosas quejas sobre lo inconsulto del proceso- confirmando que no fueron pocas, pese a lo que sostenían desde Provincia, al tiempo que explayó sus dudas sobre el alcance y fuerza de la autoridad de aplicación para el control según este cuerpo legal.
“No me faltó tiempo, tengo dudas. En mi comunidad departamental tuve muchas observaciones, mucha gente de la universidad e inclusive la Facultad de Humanidades pidió que se suspenda el tratamiento de este proyecto (…), entiendo las intenciones de aprobar este proyecto para que no nos objeten el pago” (de los fondos anteriormente citados)”.
Por último, instó a que el mapa fuera devuelto a comisión, advirtiendo que “no se trata de aprobar a cualquier costo”.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
