El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, envió una carta de documento al Sindicato de Camioneros intimándolo a abonar 40 millones de pesos por los costos del operativo desplegado durante la protesta del 27 de diciembre contra el DNU de Javier Milei.
DANIEL SALMORAL.- A poco más de dos semanas de la protesta que tuvo lugar frente a Tribunales contra el DNU de Javier Milei, el Gobierno nacional toma medidas y envía una carta de documento al Sindicato de Camioneros, intimándolo a abonar la suma de 40 millones de pesos.
Esta cifra corresponde a los gastos generados por el operativo desplegado durante la jornada del 27 de diciembre.
La comunicación oficial proviene del Ministerio de Seguridad de la Nación, dirigido por Patricia Bullrich, y detalla el costo total que el Estado destinó para el operativo en cuestión. Además, identifica a diversas organizaciones que participaron en la interrupción total o parcial del tránsito vehicular durante la protesta.
Entre las organizaciones mencionadas se encuentran la UTEP, el MST, SIPREBA, SUTNA, UOCRA, CTA, la Agrupación Izquierda Socialista, la Unión Obrera Metalúrgica, la Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA), la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Asociación Civil Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Conadu Histórica y CTA Autónoma.
La carta de documento, dirigida al apoderado del Sindicato de Camioneros, establece un plazo perentorio de diez días hábiles para el pago solidario de la suma de $40.419.227,56. Este monto se determina como costos operativos empleados para cesar los actos ilegítimos en aras del mantenimiento del orden público durante la protesta.
El Gobierno advierte que, en caso de no efectuar el pago en el plazo estipulado, se iniciarán las acciones legales correspondientes. Fuentes cercanas al sindicato anticipan que esta medida se extenderá a todas las organizaciones mencionadas en el documento.
La sanción a los participantes de la protesta había sido anunciada por Patricia Bullrich como parte de su protocolo antipiquetes. En dicho protocolo, la ministra de Seguridad advirtió que las organizaciones o individuos responsables serían facturados por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad desplegados para garantizar el orden público durante manifestaciones.
El pasado 27 de diciembre, la protesta frente a Tribunales, convocada principalmente por la CGT, fue uno de los primeros desafíos para el gobierno de Javier Milei en términos de control de manifestaciones. A pesar de afirmaciones de consenso sobre la interrupción del tránsito, se registraron incidentes en avenida Corrientes y se realizaron siete detenciones.
Fuente: Diario Nuevo Día
