Tras las repercusiones por los anuncios económicos el Presidente convocó este martes a los gobernadores a una primera reunión en busca de respaldo al ajuste.
DANIEL SALMORAL.- Las organizaciones sociales que más beneficiarios de planes sociales tienen entre sus filas creen que el Gobierno los eligió como un enemigo.
El ministro de Economía Luis Caputo anunció el martes que se congelará el Potenciar Trabajo, el programa que cobran 1.200.000 beneficiarios y que administraba desde la secretaría de Economía Social el jefe del Movimiento Evita Emilio Pérsico. El jueves Patricia Bullrich anunció los 14 puntos del nuevo protocolo anti-piquetes y el viernes Manuel Adorni volvió a apuntar contras los movimientos sociales cuyos dirigentes ocupaban hasta hace una semana cargos en una docena de ministerios. “Quedan congelados los planes sociales que tengan característica de tener intermediarios, no incluye AUH y otras asignaciones directas del Estado. Queremos terminar con el negocio de la pobreza”, sentenció el vocero presidencial.
Las organizaciones sociales ignoran por ahora cuál será el alcance del congelamiento del Potenciar. En el flamante ministerio de Capital Humano, que absorbió Desarrollo Social, apuntan a Economía, donde por ahora no aparecen definiciones. Hasta ahora estaba atado al salario mínimo vital y móvil. Antes del fin de semana, el Gobierno confirmó que los beneficiarios del Potenciar recibirán un bono de emergencia de $10 mil, muy lejos del medio aguinaldo que se entregó de manera casi ininterrumpida durante los últimos 3 gobiernos y que hoy representarían $38 mil. “No alcanza ni para un kilo de carne”, se lamentó Dina Sánchez del Frente Darío Santillán. Luego de la devaluación posterior a las PASO, Massa ordenó el pago de un bono compensatorio para ese universo de $20 mil, que se pagó en septiembre y octubre.
El Gobierno anunció que buscará contener a los sectores más vulnerables con el aumento del 100% de la AUH y con el 50% de la Tarjeta Alimentar. “La prioridad son los más chicos, allí se encuentra el nivel de pobreza más alto. En Argentina 60 de cada 100 chicos son pobres”, insistió el portavoz presidencial en su última conferencia de prensa matutina en la que reiteró en que el apoyo a las fuerzas de seguridad «será total» a la hora de aplicar el protocolo para evitar cortes de calle.
En ese marco, la mesa nacional del Movimiento Evita se reunió este viernes para reflexionar sobre el escenario político y social. Como anticipó Clarín, ninguna de las organizaciones que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) tiene previsto acompañar la manifestación convocada por Unidad Piquetera para el 19 y 20 de diciembre, una marcha convocada contra el ajuste pero que ahora se reconvirtió en un abierto desafío a la disposición del ministerio de Seguridad. “El que corta no cobra”, señaló Bullrich.
Lo cobrarán 1.200.000 personas, pero está lejos de sumar medio aguinaldo. «No alcanza ni para un kilo de carne», responden en la UTEP.
En la organización que conducen Pérsico y Fernando “Chino” Navarro afirman que no quieren caer en las provocaciones del Gobierno. Señalan que el protocolo antipiquetes es una provocación del Ejecutivo. “Por ahora no vamos a ir a un escenario de conflicto, que es lo que quiere el Gobierno, pero seremos creativos para comunicar el impacto de la crisis”, dijo a Clarín uno de los 22 integrantes de la mesa nacional del Evita, que participó de la reunión que se prolongó durante casi 5 horas. Mientras tanto profundizan sus contactos con la CGT y con la Iglesia. El lunes pasado presentaron la UTEP presentó a su flamante comisión directiva en la central obrera. El miércoles se fotografiaron con el titular de la Conferencia Episcopal Oscar Ojea, cercano al papa Francisco.
Los aliados del Evita, que también tienen influencia en la UTEP, Somos Barrios de Pie, la organización que conduce el ex funcionario de Desarrollo Social y titular del Consejo de la Economía Popular (que por ahora se mantiene vacante) se reunirá este sábado. “Este ajuste no cierra sin represión (…) La decisión de la ministra de avanzar con medidas contra la protesta social vulnera los derechos de nuestra democracia. Buscan con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable. Esto es inadmisible para nuestra democracia”, señaló Menéndez.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura -cuyas autoridades dependen de la Defensoría del Público del Congreso y lo preside el ex senador por Misiones Juan Manuel Irrazábal- también se manifestó en contra del nuevo protocolo a través de un comunicado, que acompañaron organismos de Derechos Humanos.
Fuente: Clarín
