Tratarán emergencia pediátrica y financiamiento universitario. Gobernadores aliados aportarán al tercio oficialista, a pesar de malestar por veto a los ATN.
Ambos sectores ya anunciaron movilizaciones en distintas ciudades del país para impulsar la conformación de una amplía mayoría el próximo miércoles en Diputados. También se vetará la distribución automática del 1% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, a pesar de la reciente reunión que mantuvo el flamante ministro del Interior con gobernadores aliados.
Aún así, cada vez son más los que se alejan de la estrategia oficialista. Los cinco gobernadores restantes -además de Torres- de Provincias Unidas parecen haber roto su compromiso parlamentario con Casa Rosada y ya se muestran como una alternativa electoral para crecer en influencia legislativa desde el 10 de diciembre.
Los peronismos de Salta, Catamarca y Tucumán pegaron portazos que parecen irreversibles, al menos durante este año.
También es creciente el malestar en la gobernación de Río Negro por el veto a los ATN. Entre todos, controlan 22 diputados. Sus posturas destrabarán la votación en la tensa paridad de Diputados.
Diputados: qué dicen los proyectos vetados
El temario del próximo 17 de septiembre incluye el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales -paralizada por su presidente, el libertario Nicolás Mayoraz– de la iniciativa para crear una comisión investigadora por las coimas en ANDIS y el proyecto de reforma de la Ley de DNU, que circunscribe los decretos a áreas específicas y determina que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificarlos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una sola de las cámaras. De todas formas, la centralidad de la agenda será el tratamiento de los proyectos vetados.
Uno de los vetos que se tratará revertir es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para «la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo», «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud» y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
Por otro lado se encuentra el veto al proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.
Por este último veto, autoridades académicas anunciaron una movilización que coincidirá con el día de la sesión. «La situación que se repite es que las universidades de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta.
La falta de una ley genera un vacío normativo, por el cual las universidades desconocen su presupuesto anual», planteó Ricardo Gelpi, rector de la UBA, en conferencia de prensa. Además, trabajadores universitarios y de la salud confluirán en un paro el 12 de septiembre, en reclamo contra los vetos.
Fuente: Ámbito.com
