Con organizaciones del sector presentes, los diputados salteños protagonizaron un extenso debate sobre la continuidad de las políticas de discapacidad.
DANIEL SALMORAL.- La Cámara aprobó un reclamo a Nación para garantizar su financiamiento y también dio media sanción a un proyecto de prevención de las “picadas”.
El tema discapacidad concentró un extenso debate en la Cámara de Diputados de Salta, atravesado por cruces entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza, momentos de tensión y la presencia de organizaciones vinculadas con el sector.
La discusión expuso las diferencias entre quienes reclamaron respuestas por las demoras y garantías de financiamiento y los legisladores libertarios, que sostuvieron la defensa del Gobierno nacional.
El cuerpo aprobó un proyecto de declaración que expresa su preocupación por la situación y solicita que el Presupuesto Nacional 2027 asegure la continuidad de estas políticas. El planteo puso en el centro las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a derechos y la incertidumbre sobre el sostenimiento de las prestaciones, en una sesión en la que la disputa política tuvo como contracara los reclamos de las organizaciones presentes. “No estamos pidiendo un privilegio al gobierno nacional, simplemente queremos que se cumplan los derechos”, afirmó la diputada Laura Cartuccia al fundamentar la iniciativa. Su intervención cuestionó tanto las demoras administrativas como el uso de las auditorías y de las presuntas irregularidades como explicación frente a quienes siguen esperando una respuesta.
“Controlar al ciudadano es una responsabilidad que tiene el Estado, pero responderle también es una responsabilidad, así como también tiene que explicar el motivo de las demoras que existen”, señaló. El cuestionamiento apuntó a que la obligación de fiscalizar no puede desligarse de la obligación de resolver, especialmente cuando las decisiones administrativas afectan el acceso a recursos y prestaciones. En ese sentido, consideró que las irregularidades que pudieran detectarse deben ser subsanadas, pero rechazó que se conviertan en una justificación general para mantener paralizados los expedientes. “No toda persona con discapacidad es sospechosa, no toda demora se justifica con la palabra ‘auditoría’”, sostuvo, en uno de los planteos más contundentes de su exposición.
El intercambio con La Libertad Avanza le dio al tratamiento una marcada tensión política: mientras desde el oficialismo provincial se insistía en la necesidad de garantizar derechos y financiamiento, los representantes libertarios defendían la posición nacional.
Cartuccia también expuso cifras sobre el alcance de la discapacidad y las coberturas existentes en la provincia. Según indicó, 65.000 personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad, 39.900 son beneficiarias de Incluir Salud y 32.400 son titulares de pensiones no contributivas. Se trata de universos que pueden superponerse y que permiten dimensionar la importancia de las decisiones nacionales para miles de salteños. “Son salteños que no saben qué va a pasar”, expresó la diputada al cerrar su planteo.
La declaración aprobada trasladó esa preocupación al debate presupuestario de 2027, con un pedido para que Nación sostenga las políticas del sector y asegure los recursos necesarios para su continuidad.
Media sanción para prevenir picadas
En la misma sesión, Diputados aprobó un proyecto de ley destinado a prevenir y concientizar sobre las competencias de vehículos motorizados en espacios no habilitados.
La iniciativa fue remitida al Senado en revisión y propone abordar una práctica que pone en riesgo tanto a quienes participan como a terceros.
El diputado por Orán, Fabián Valenzuela advirtió que durante los fines de semana se observan en el norte provincial jóvenes motociclistas que realizan estas maniobras sin condiciones de seguridad. “Este proyecto no se limita a establecer una sanción, la respuesta es prevención y educación vial”, explicó al defender la propuesta.
El proyecto contempla campañas periódicas de concientización sobre las consecuencias de estas actividades, dirigidas principalmente a jóvenes y articuladas con municipios, instituciones educativas y otros actores.
Valenzuela recordó que la respuesta punitiva ya está contemplada en el Código Penal de la Nación y destacó la necesidad de sumar herramientas educativas y preventivas.
Fuente: Nuevo Diario de Salta
