DANIEL SALMORAL.- La Cámara de Casación confirmó este miércoles el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el delito de cohecho en una de las causas derivadas de la causa de los cuadernos de las coimas, denominada «cartelización de obra pública».
El tribunal rechazó planteos formulados por su defensor, el abogado Carlos Beraldi, y dejó firme el embargo de 200 millones de pesos que había sido confirmado por la instancia anterior, la Cámara Federal. El fallo lo firmaron los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.
El máximo tribunal penal federal del país también dejó firmes los procesamientos contra el exministro de Planificación Julio De Vido y contra decenas de empresarios de la construcción ente los cuales se encuentran Aldo Roggio y el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.
Se trata de una de las causas derivadas del tramo principal de la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga por los delitos de asociación ilícita y cohecho a la vicepresidenta, sus exfuncionarios y a directivos de grandes empresas contratistas.
En este tramo del expediente se investigó el esquema de pagos ilegales que funcionó bajo la órbita del exministerio de Planificación y Obras Públicas, mediante el cual los empresarios habrían pagado sobornos a los exfuncionarios para recibir contratos de obra pública. Surgió a partir de la lista aportada por Ernesto Clarens, el hombre detrás de las finanzas de los Kirchner, que cuando se presentó como arrepentido en el expediente de los cuadernos de las coimas entregó planillas con registros de pagos ilícitos por parte de empresas contratistas del Estado.
También fue considerado clave para esta causa el material aportado por el empresario Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien relató cómo funcionaba el esquema mediante el cual los directivos de empresas se organizaban y se repartían las obras.
El juez de primera instancia, Claudio Bonadio, evaluó esas planillas en relación a listados aportados por la Oficina Anticorrupción y la DNV y reconstruyó cómo era el esquema recaudatorio. Bonadio había procesado a Cristina como jefa de una asociación ilícita bajo el supuesto de que, desde su cargo como presidenta de la Nación no podía estar ajena a las maniobras de recaudación. Pero finalmente quedó procesada por 175 actos de cohecho pasivo.
Además de Cristina Kirchner y Julio De Vido, la Casación se pronunció, en esta oportunidad, sobre la situación procesal del ex Administrador General a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, y los empresarios de la construcción Carlos Wagner, Julio Paolini, Aldo Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone, Angelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Jorge Benolol, Pablo Gutiérrez, Hugo Kot, Tito Biagini, Alejandro Marcos, Santiago Altieri, Héctor Javier Sánchez Caballero, Eduardo Luis Kennel, Patricio Gerbi, Marcela Edith Sztenberg, Silvio Mion y Ricardo Scuncia.
La Sala III -que interviene en este expediente, mientras la Sala I interviene en el expediente principal- rechazó hoy 22 planteos de esos imputados contra los procesamientos y contra los embargos trabados por el juez Claudio Bonadio y luego habían sido confirmados y modificados por la Cámara Federal.
Carlos Beraldi había apelado el fallo de la Cámara Federal que confirmó esos procesamientos y fue en queja a la Casación. Pero para Catucci, Riggi y Yacobucci la defensa de la vicepresidenta no brindó los argumentos correctos para que la decisión de la instancia anterior sea revisada.
«Los argumentos de la impugnante, lejos de contrarrestar los fundamentos expuestos por el tribunal de la instancia anterior, evidencian sólo una opinión diversa sobre el asunto traído en examen, razón por la cual la presentación directa no logra superar la barrera de admisibilidad», consideraron los jueces.
Y señalaron: «la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena».
Las disputas en la causa cuadernos
Mientras tanto, la Sala I de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, analiza planteos de las defensas de Julio De Vido y otros empresarios involucrados sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido aplicada en el caso principal de los cuadernos y la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores, una resolución que mantiene pendientes a las decenas de acusados en esta causa, que ya fue elevada a juicio oral.
La posibilidad de que los jueces de la Sala I declaren nulas las declaraciones de los arrepentidos entusiasma a las defensas, que sostienen que esas declaraciones no fueron grabadas con medios audiovisuales y buscan estas sean invalidadas.
La ley del imputado colaborador establece que las declaraciones deben ser registradas con un «medio técnico idóneo», y la Cámara Federal -con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Bertuzzi, ahora desplazados de sus cargos- validó la forma en que estas fueron efectuadas.
La Sala I de la Cámara de Casación le pidió al juez Marcelo Martínez De Giorgi (que reemplaza al fallecido Claudio Bonadio) que le entregue las grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos y este respondió que esos registros fílmicos no existen.
En este escenario el fiscal ante la Sala I de Casación, Raúl Plee, objetó el accionar de los jueces de Casación y dictaminó que no se le corrió vista para pronunciarse sobre esta disputa, a la vez que señaló que la forma en que los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo tomaron las declaraciones de los imputados colaboradores ya fue convalidada por la Cámara Federal.
El caso cuadernos fue elevado a juicio oral hace más de un año pero todavía quedan estos planteos pendientes en Casación. Tanto la fiscal ante el TOF 7, Fabiana León, como los jueces del Tribunal sostienen que es importante una pronta resolución de estos planteos para poder avanzar en la producción de nuevas medidas de prueba.
Fuente: La Nación
