La jugada choca de frente con la decisión del tribunal, que la declaró jubilada; en el oficialismo en la sesión también se discutirán los cambios en el impuesto a las Ganancias y en la ley de alquileres.
DANIEL SALMORAL.- En una decisión que amenaza opacar la sanción de los cambios en la ley de Ganancias, apuesta electoral del ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, la vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a sesión al Senado para este jueves incluyó el tratamiento del pliego de Ana María Figueroa, lo que generaría un conflicto de poderes al desafiar de manera abierta la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que declaró jubilada a la excamarista luego de que cumpliera 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo de la Cámara alta para continuar en el cargo.
La sesión fue convocada para este jueves, a las 14, e incluye el tratamiento del proyecto que elimina la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, una de los pilares de la campaña electoral de Massa. Tanto es así que el ministro candidato se preocupó por calificar como “día histórico” la sanción de la iniciativa que el oficialismo pretende alcanzar en la reunión de este jueves.
El debate del proyecto de Ganancias le aseguraría al oficialismo el quórum para tratar el pliego de Figueroa. En el kirchnerismo se mostraban ayer confiados en que tendrán la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo. No obstante, los números son muy finos y fluctuantes, por lo que la tensión estará garantizada hasta el momento mismo de la votación.
El temario también contempla el debate de los cambios en la ley de alquileres, aunque en este caso el proyecto volverá en segunda revisión a Diputados, ya que en el tratamiento en comisiones el kirchnerismo modificó el texto aprobado por la Cámara baja.
Más allá de estos temas, la tensión política estará puesta en sesión de acuerdos con el que se iniciará la reunión, en la que está previsto el tratamiento de la orden del día 63/23, que contiene el dictamen de la Comisión de Acuerdos que le da luz verde a la continuidad de Figueroa como jueza por otros cinco años más.
“La jueza Figueroa obtuvo dictamen de comisión y su pliego nunca fue impugnado ni recibió cuestionamientos, por lo que no hay razón para no tratarlo en el recinto”, afirmó el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), en declaraciones a LA NACION.
La aprobación del pliego abrirá la puerta a un conflicto de poderes. Es que la Corte Suprema decidió hace tres semanas que Figueroa había dejado de ser jueza al haber cumplido los 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para la jubilación de los magistrados, sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado. A la jugada se sumaría el Poder Ejecutivo con la firma del presidente Alberto Fernández del decreto de designación, que avalaría la votación de la Cámara alta.
Germán Garavano, exministro de Justicia en el gobierno de Mauricio Macri, consideró la jugada de la vicepresidenta como parte de su defensa en las causas que la tienen como protagonista por hechos de corrupción cuando ejerció la primera magistratura.
“Es una estrategia de Cristina Kirchner para enfrentar a la Corte y al Poder Judicial”, dijo Garavano en diálogo con LA NACION. “Esto va a generar un conflicto de poderes en la sala de la Cámara de Casación que revocó dos sentencias que la beneficiaban por lo que se inscribe en una línea de tratar de fortalecer su estrategia de defensa”, agregó.
Las sentencias a las que hizo alusión el exfuncionario son las que la Sala I de la Cámara de Casación dictó hace diez días en las causas Hotesur-Los Sauces, en la que Cristina Kirchner se encuentra acusada con su hijo Máximo de maniobras de lavado de dinero con los hoteles de su propiedad, y la firma del Memorándum con Irán. En ambos casos, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, una vez que Figueroa fue declarada jubilada por el máximo tribunal de justicia del país, ordenaron dar marcha atrás con el cierre de los procesos que habían dictaminado juzgados de primera instancia.
Tal como anticipó este diario, el kirchnerismo tendría asegurados los votos para enfrentar a la Corte Suprema y darle un nuevo acuerdo a una jueza jubilada. Las cuentas que hacen en el oficialismo les garantizarían un techo de 36 votos, los que le permitirían imponer su voluntad. Mucho más si se tiene en cuenta que la bancada de Juntos por el Cambio tendrá, al menos, la ausencia de la senadora Lucila Crexell (Neuquén).
Aportarían a que Cristina Kirchner pueda desafiar a la Corte los votos de tres de los cinco miembros del bloque de peronistas disidentes de Unidad Federal: Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y María Eugenia Catalfamo (San Luis). A ellos se plegarían las provincialesClara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de Misiones).
En un giro sorpresivo, Snopek dijo anoche en la Sala de Periodistas que no votará el pliego de Figueroa. Si el jujeño cumple con su palabra se podrían complicar los planes de Cristina Kirchner.
La estrategia se completa con la seguridad de que a la hora de la votación el kirchnerismo se garantizará el quórum con la presencia de senadores que rechazan a Figueroa, como el provincial Alberto Weretilneck (Río Negro) y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), atraídos por el tratamiento de los proyectos de Ganancias y de alquileres.
Proyecto de campaña
Tras el debate de los pliegos judiciales, el temario de la sesión contempla el debate del proyecto que elimina la cuarta categoría de Ganancias, propuesta impulsada por Massa como parte de su intento por remontar el tercer lugar al que quedó relegado el oficialismo en las elecciones primarias de agosto.
El apuro del oficialismo por darle este triunfo a su candidato presidencial quedó demostrado la semana pasada. Tras ser aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados el martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió el jueves siguiente para firmar dictamen.
A pesar de la oposición de Juntos por el Cambio y de la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, el Frente de Todos también en este caso tendría asegurados los votos para convertir en ley la exención del pago del impuesto a las Ganancias a la mayoría de los asalariados.
Según el texto, a partir del año próximo sólo tributarán aquellos que ganen el equivalente a 15 salarios mínimo vital y móvil. Este ingreso es modificado por el Gobierno de manera periódica y en la actualidad asciende a $118.000 brutos. Con estos parámetros, en este momento, quedarían exentos del tributo quienes cobren hasta $1.770.000., lo que alcanzaría a cerca de 800.000 trabajadores. Esto implicará un enorme costo fiscal, calculado en 3 billones de pesos, que no sólo afectará las arcas de la Nación sino que también golpeará las economías de las provincias, ya que el impuesto es coparticipable.
Fuente: La Nación
