DANIEL SALMORAL.- Durante dos años y medio, los argentinos han sido espectadores del primer juicio en la historia del país sudamericano contra una de las cabezas del poder ejecutivo en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa por presunta corrupción.
La querella ha pedido para la dos veces presidenta y actual vicepresidenta 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusa de haber liderado entre 2007 y 2015, años en los que estuvo al frente de la Casa Rosada, una asociación ilícita montada para defraudar al Estado mediante la adjudicación de contratos de obra pública a cambio de sobornos.
La estrategia de defensa de la expresidenta ha sido más política que judicial. Desde su primera presentación ante los jueces, en diciembre de 2019, Fernández de Kirchner sostuvo que su condena ya estaba escrita por lo que llamó el “partido judicial”. Sitúa allí a la docena de jueces federales que tienen a cargo las investigaciones por corrupción que involucran a altos funcionarios.
Según la lectura de la vicepresidenta, un Gobierno no puede ser considerado, bajo ninguna circunstancia, una asociación ilícita para delinquir. Se considera por ello víctima de una persecución que tiene como objetivo sacarla de la carrera política y neutralizar al mismo tiempo al peronismo, hoy en el poder.
Kirchner pronunció este martes las últimas palabras a las que tiene derecho como acusada e insistió en los mismos conceptos y añadió una frase histriónica al comparar el tribunal con un pelotón de fusilamiento. Algo más que un manto de duda echó, así, sobre la imparcialidad de los magistrados; recordó que a la acusación del fiscal, en agosto pasado, le siguió un intento de asesinato en la puerta de su casa, y advirtió de que aquellos que hoy la juzgan deberán rendir cuentas ante la historia.
No es el mejor escenario para una sentencia que tendrá enormes repercusiones cualquiera que sea la decisión de los jueces el próximo 6 de diciembre.
Al ruido político se le suma que el sistema judicial argentino no goza de la mejor imagen. Son múltiples los ejemplos de investigaciones por corrupción que avanzan, retroceden o se paralizan según el color del partido que está en el poder.
Un juicio contra una líder política que fue dos veces presidenta y hoy ocupa la vicepresidencia merece la máxima transparencia, que garantice una defensa sin interferencias y un fallo sin sospecha alguna de parcialidad.
Si no hay confianza en los tribunales, una absolución será leída por una parte de la sociedad como una claudicación ante el poder político; una condena, la evidencia de que Kirchner es víctima de una persecución, como están convencidos sus seguidores.
La gran perdedora sería la verdad, uno de los valores que sostienen a la democracia. Para evitar que esto ocurra, la sentencia ha de ser un ejemplo de solidez y coherencia penal.
Fuente: Diario El País (España)
