DANIEL SALMORAL.- El gerente del hospital de Tartagal, Santiago José Payo, literalmente se despachó con todo contra la población norteña, a la que responsabilizó por la gran cantidad de casos de COVID-19, la falta de respeto a las medidas preventivas y el maltrato que, asegura, la población tiene para con el hospital público y su personal.
“Cuando van a la parte privada, además de pagar, esperan calladitos tres o cuatro horas, pero cuando llegan al hospital si no los atienden ahí mismo insultan, putean y hasta pegan. Tengo una enfermera con la nariz quebrada”, expresó el pediatra norteño en relación a la situación de pandemia y al malestar en el norte.
El hospital Juan Domingo Perón tiene una vastísima área de influencia que abarca a los departamentos de San Martín y Rivadavia. Desde varias localidades los hospitales derivan sus pacientes a Tartagal según la gravedad de los mismos.
Payo remarcó que en el norte “todavía estamos asistiendo a los embates de esta segunda ola de COVID-19, con 25 camas de pacientes moderados ocupadas y prácticamente colapsada la terapia COVID, con seis pacientes intubados y uno sin intubar y recuperándose”.
Crítica
Payo consideró que la situación “no es nada halagüeña”. “Recibimos enfermos de todo el departamento, por lo que más del 60% de los pacientes son de otros lados”, indicó. Cuestionó además “los escasos alcances que tuvo la conformación de un COE departamental, que reunió a gerentes de hospitales e intendentes de todo San Martín”.
“Se puede decidir, pero si no hay colaboración de la gente es imposible hacer cumplir las medidas que se adopten. Las decisiones del COE, que otorgó permiso para determinadas actividades, nosotros no podemos impedirlas”, precisó Payo. Enumeró los inconvenientes para poner algo de límite a las actividades que son en el norte prácticamente normales, a pesar de la gran cantidad de casos que se registran diariamente.
“Por eso espero que después del 15 de agosto, día de las elecciones, la cosa no se ponga peor. Ojalá que las elecciones sean ordenadas, que la gente cumpla con lo que tiene que cumplir y que esto no sea un campeonato de fútbol ni el Día del Amigo, sino un acto electoral donde todos cumplamos con lo que nos corresponde y nos ordenemos para que todos podamos estar tranquilos”, advirtió.
“Pagan y nadie protesta”
Sobre la información que difundió Salud de la Nación sobre que el departamento San Martín está entre los siete de mayor riesgo del país, consideró que “se temía un crecimiento desmedido, pero estamos viendo que esa curva se aplanó, gracias a Dios”.
“Si esto sigue así -estimó Payo- vamos a tener estabilidad y no será necesario tomar medidas más drásticas. Pero es que con solo caminar y mirar a la distancia como se vive en Tartagal o en otras localidades como Aguaray o Mosconi, es suficiente para darse cuenta por qué estamos en esta situación. La cantidad de gente en los supermercados, los protocolos que no se cumplen , si el cartel dice tres personas; no se respeta. Abrís la puerta del comercio y hay ocho”, cuestionó.
“Lo de siempre”
“Pero a la vez -consideró- no podemos forzar a la policía que intervenga porque, esto tiene que ser un acuerdo social. No podemos seguir enfrentándonos entre nosotros porque pasará lo de siempre: nos dicen que somos unos exagerados, que el tema de la pandemia no es cierto. Pues bien, cuando tienen que venir a ver a sus familiares, o cuando caen ellos mismos enfermos, ahí recién entienden que no somos tan exagerados”, reiteró.
Irresponsabilidad
Payo se refirió también “a la gente que no se vacuna porque están convencidos que no deben hacerlo; lo mismo sucede con el distanciamiento y con todas las medidas. Pero si la gente no cumple, no podemos meterlos presos. Nosotros planteamos cuál es la situación, cómo es la enfermedad, cuál es la manera de evitarla. Y que tenemos la posibilidad de bloquear esa enfermedad grave con la vacunación para que cumplamos entre todos ese contrato social porque en realidad no hay leyes que obliguen a cumplir. Por eso la premisa es que se cuiden, a pesar que hay gente que se cree con más derechos de los que les corresponden”.
Acerca de la vacunación precisó: “Hay quienes se creen con más derechos de los que tienen. Si tuvieran que pagar y van a un lugar y les dicen no hay, calladitos se dan la vuelta y se van a su casa, pero en el hospital, que reciben todo gratis, reniegan, protestan, maltratan y hasta pegan”.
Reclamo de enfermeros
“Tengo una enfermera a la que casi le quebraron la nariz. Pero como también trabajo en la parte privada, veo cómo estos mismos pacientes se comportan de otra manera. Esperan calladitos 4 o 5 horas y nadie grita, nadie putea”, reiteró el médico.
“Pero en el hospital pasó media hora, supuestamente no le diste respuesta que ellos esperan, se van a los medios. Nunca escuché a un ciudadano que se queje de la actividad privada. Esperan, pagan y terminan yendo al hospital para que los sigamos atendiendo”, expresó el gerente del hospital Perón, Santiago Payo, notoriamente molesto con la situación.
En tanto, la enfermera Norma Reyes, delegada departamental de ATSA, precisó la preocupación “por 18 enfermeras y enfermeros afectados al sector COVID-19, a quienes les hicieron un contrato interno del propio hospital y pretenden pagarles 28 mil pesos mensuales”.
“Es un sector de altísimo riesgo y la gente no puede trabajar por ese sueldo. No se pueden aprovechar de la necesidad que la gente tiene de trabajar, porque hasta el personal de maestranza cobra mucho más, cuando no están en contacto directo con los enfermos de COVID-19 y tiene muchas menos responsabilidades”, explicó Reyes.
“A un personal de maestranza se les abona $320 la hora y a estos enfermeros pretenden pagarle $200”, explicó la sindicalista del norte de la provincia visiblemente molesta.
Fuente: El Tribuno
