DANIEL SALMORAL.- La prohibición de libre circulación para las personas mayores de setenta años, dispuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es una medida inaceptable, claramente anticonstitucional, que discrimina de manera arbitraria y sin ningún fundamento científico a un sector de la sociedad.
Es además un indicio de la improvisación con que actúan los gobiernos argentinos (nacional y provinciales) en la mayoría de las decisiones cruciales, que en este caso se agrava porque hace sentir cerca de la muerte a quienes ya se saben más vulnerables que los demás. Una aberración parecida es la exhibición de la imagen generada por el Gobierno de Córdoba, que ordenó cavar fosas en los cementerios.
La caprichosa decisión de la administración porteña impone el límite a un grupo etario, pasando por alto que no hay ningún sector invulnerable, y que los casos de mayor riesgo los representan las personas, de cualquier edad, que padecen de diabetes, asma, disfunciones respiratorias o cualquier tipo de inmunodeficiencias.
Las pandemias, como todos los problemas sanitarios, tienen un componente emocional que puede ser más letal que los virus.
La misma sociedad que confina a personas mayores es la que, en nombre de los derechos individuales, se niega a institucionalizar a los adictos, a cuyas vidas la droga destruye minuto a minuto.
¿Imaginaron los autores de la norma la reacción de las personas mayores cuando un policía intente obligarlas a acatarla?
El profesor universitario Ricardo Rabinovich-Berkman advirtió sobre “el peligro del abuso de poder y el exceso en las restricciones”. En una carta dirigida a Rodríguez Larreta, el jurista planteó un riesgo de enorme gravedad: “Si el día de mañana se descubriera, por ejemplo, que determinada etnia es más proclive a contraer el COVID-19 o a morir a causa de él, también se le podría cercenar el derecho de salir de su casa, con los mismos fundamentos”.
La contradicción no es exclusiva de la Argentina. Muchos intelectuales franceses cuestionaron al presidente Emmanuel Macron por una decisión similar. Objetan que se vulnera el derecho de los mayores solo para evitar que se saturen los servicios de asistencia; sino que la restricción está motivada por “prejuicios antiedad” y, básicamente, advierten que “es muy difícil definir qué es un anciano en el siglo XXI”.
Como contrapartida, la otra figura relevante de la Comunidad Europea, Angela Merkel, descartó que tal discriminación vaya a aplicarse en Alemania al brindar una exposición científica sobre las estrategias de prevención que adoptó su administración: “Encerrar a nuestros mayores para volver a la normalidad -dijo- es inaceptable desde el punto de vista ético y moral”.
La pandemia de COVID-19 ha tomado por sorpresa al mundo, que no se preparó a pesar de que hubo muchos indicios para defenderse de un virus incontrolable.
En la Argentina desde hace años se observa que, al haber desaparecido los partidos, ninguna fuerza política cuenta con un proyecto sanitario científicamente fundamentado. En general, tal carencia se manifiesta en casi todos los aspectos de la vida nacional. Por eso, improvisan, y por eso también el instinto del poder lleva a los funcionarios a tratar de capitalizar cualquier conmoción en beneficio de su propia imagen.
En esta ocasión, la arbitrariedad y el exhibicionismo pueden derivar en “victorias pírricas”, en las cuales lo que parece una ganancia, termina siendo una enorme pérdida.
Pero la mayor pérdida, sin duda, será para las personas mayores, que saben que son especialmente vulnerables. Se invocan los deseos de protegerlos, pero no se adoptan medidas serias y a tiempo para que los bancos les eviten colas y hacinamientos -ahora y antes de la pandemia-, y para que el servicio médico, el PAMI y la Anses estén realmente al servicio de los jubilados.
Pero, sobre todo, para que no sean los jubilados la variable de ajuste de los desequilibrios financieros de la Nación, como ocurre casi sistemáticamente.
*Editorial Diario El Tribuno
Fuente: El Tribuno
