La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) envió una nota formal al Gobernador.
DANIEL SALMORAL.- La designación del próximo Defensor General de Salta ha escalado a un conflicto de relevancia nacional.
La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) presentó una solicitud formal ante el gobernador Gustavo Sáenz para que la elección del nuevo titular del organismo se ajuste a «estándares internacionales» y criterios técnicos rigurosos.
La nota, firmada por las máximas autoridades de la entidad, Adolfo Sánchez Alegre y Diego Stringa, pone el foco en una condición que consideran innegociable: quien asuma las riendas del Ministerio Público de la Defensa debe contar con una trayectoria probada y experiencia acreditada en el ejercicio específico de la Defensa Pública.
Un freno a las designaciones «a dedo»
El planteo de ADePRA surge en un momento clave, mientras resuena con fuerza el nombre de la jueza de Garantías, Ada Guillermina Zunino, para ocupar el cargo que dejó vacante Martín Diez Villa tras su reciente desembarco en la Corte de Justicia.
Desde la asociación —la segunda más numerosa de Latinoamérica— advierten que la Defensa Pública es un «pilar esencial del Estado de Derecho». Por ello, sostienen que, aunque la Constitución de Salta otorgue facultades al Ejecutivo para la designación, esto no debe ser una excusa para ignorar la idoneidad técnica. El mensaje es directo: la conducción no debería recaer en perfiles ajenos a la «cultura institucional» de la defensa de los más vulnerables.
ADePRA recordó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) insta a los países miembros a garantizar que estos servicios sean autónomos e independientes. En este sentido, señalaron que:
- La idoneidad debe primar sobre el acuerdo político.
- Es necesario garantizar la independencia funcional de quien debe defender a ciudadanos frente al poder del Estado.
- La falta de un concurso público en la normativa salteña «no resulta óbice» para que se busquen los perfiles más capacitados.
El peso institucional de la advertencia
No se trata de un pedido menor. ADePRA integra el Bloque de Defensores Públicos del Mercosur y forma parte de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.
Su pronunciamiento introduce una cuota de presión institucional sobre el Grand Bourg, subrayando que la legitimidad del sistema judicial salteño depende de la especialización de sus cabezas.
La nota concluye con una oferta de «diálogo institucional», pero deja sentada una postura firme: la designación del Defensor o Defensora General será mirada con lupa desde los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Fuente: ADEPRA
