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La SIDE redacta informes sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupos de jubilados

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Eso, según expertos, podría configurar una violación de la legislación vigente.

DANIEL SALMORAL.- La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones que protagonizan líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales, según surge de uno de esos reportes del organismo.

Titulado Hechos previstos 09JUL25”, el informe se fechó un día antes, el martes 8 de julio, y detalló cuáles eran las actividades políticas de peronistas, radicales, dirigentes de la izquierda y de La Cámpora, como Máximo Kirchner, entre otros, para el feriado del Día de la Independencia.

Ese día venció el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la #SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros.

Precisó cuáles serían los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada una, sin que el informe consignara si implicaban amenazas a la seguridad de los argentinos o del Estado nacional.

Tampoco exponía una orden judicial que justificara esa vigilancia. El informe reflejó, sí, una orientación operativa. Es decir, buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, y evidenció el seguimiento de estrategias electorales y construcción política de espacios opositores y sindicales.

Eso, según expertos consultados por LA NACION, podría configurar una violación de la legislación vigente. En su artículo 4, la ley 25.520 de Inteligencia Nacional prohíbe obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Fuente: La Nación