Recientemente, una cámara empresaria que nuclea a establecimientos públicos de gestión privada (COPRODEC que incluye a 53 de un total de 163 establecimientos), ha solicitado a las autoridades gubernamentales el regreso de los alumnos de estas instituciones a las aulas. En la información brindada a la prensa, esta cámara destacó el incumplimiento en el pago de cuotas, estimado en un 45%. Se ha de considerar que estos establecimientos poseen aportes del Estado para el pago de los salarios docentes, situación que es reconocida por la cámara. (El Tribuno, 20 de mayo de 2020, p. 13)
Un retorno a las aulas de un segmento de estudiantes, planteado desde un sector que posee subvención estatal, equivaldría a profundizar la brecha frente a los niños y jóvenes de los establecimientos públicos. Las decisiones gubernamentales no deben implementarse en beneficio de un sector de la sociedad. Este planteo, no está en consonancia con un derecho humano fundamental como es el de aprender en igualdad de condiciones. Todos los estudiantes deberían gozar de un tratamiento similar y ser provistos de los recursos necesarios para apropiarse del conocimiento.
Desde otro ángulo de la información educativa en nuestra provincia en tiempos de Covid 19, se encuentra el cese de actividades de alumnos del nivel superior no universitario. Esta medida implica la no toma de clases virtuales ni entrega de trabajos prácticos, hasta que el establecimiento adopte medidas que impliquen mayor equidad en la educación a distancia. Los estudiantes del Profesorado de Ciencias Políticas del Instituto de Educación Superior N° 6001 Gral. Manuel Belgrano (ex Normal), ratificaron la medida y representantes de otras instituciones terciarias también analizan este proceso en el que muchos estudiantes quedan en situación de marginalidad informática.
Los alumnos señalaron la falta de acceso a la tecnología y a internet, elementos sustantivos en la pretendida educación virtual.
Así, las problemáticas disímiles que presentan las instituciones, han sido visualizadas por efecto de la implementación de un sistema de educación virtual, revelando las muchas carencias que padece la sociedad salteña.
Un tercio de los estudiantes salteños de escuelas primarias y secundarias, está excluido de las clases virtuales. El informe del Observatorio Argentino por la Educación, fue realizado con datos oficiales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de las pruebas Aprender. De acuerdo al relevamiento de ENACOM del último trimestre de 2019 en nuestra provincia solo el 50% tiene acceso a internet. Igual de preocupante, son los datos que arrojaron las evaluaciones Aprender de 2018. Ante la necesidad de plantear el regreso a las aulas, es menester plantear un proyecto pertinente al contexto de pandemia que atraviesa la realidad local.
La pretensión del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, de combinar un sistema de presencialidad y virtualidad en el regreso a las aulas, será de dudosa aplicación en la provincia de Salta.
El ministro de Educación de la Provincia de Salta, Matías Cánepa ha reconocido que “la escuela no está al margen de la desigualdad que existe no solamente en el acceso a internet”. Luego expresó “Muchos padres tampoco tienen datos en sus celulares para los mensajes de WhatsApp que envían los docentes, y en las casas no es lo mismo un hogar donde viven muchas personas y el niño quizás no tenga la misma posibilidad de estudiar que el que tiene mayor comodidad” (Pablo Ferrer para la edición El Tribuno, jueves 21 de mayo de 2020, p. 12).
Cabría recordar que nuestra Carta Magna, en su Preámbulo explicita que se debe “promover el bienestar general”, y luego, en materia de educación, manda establecer “la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y garantizar los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”, (Constitución Nacional, art. 75, inc. 19).El cumplimiento de estas normas y principios constitucionales no se está verificando en nuestro tiempo presente en nuestro suelo. El artículo 13 de la Constitución Provincial, consagra también el principio de igualdad. Más, esto no abarca a los pequeños estudiantes, a quien la imposición del aislamiento social, les ha cercenado de la posibilidad de aprender en igualdad de condiciones frente a los alumnos favorecidos económica y socialmente. Así, se violenta al artículo 24 que garantiza la libertad de enseñar y aprender.
Este último punto, nos conduce a la idea que el docente de la escuela pública, también está atravesado por la problemática ya que muchos de ellos, al no poseer las tecnologías pertinentes al sistema de educación virtual, ve dificultada su labor en la trasposición didáctica. Otra situación se plantea cuando por los altos costos del equipamiento informático, es el propio docente, quien no puede acceder a las PC con programas pertinentes para realizar su trabajo y transferirlo a los discípulos.
Se encuentra vulnerado el artículo 34 de la citada Constitución toda vez que el Estado no está promoviendo el desarrollo integral de los jóvenes, imposibilitando su perfeccionamiento y su aporte creativo. Sin los recursos necesarios, es inviable el trabajo virtual áulico de docentes y alumnos. El Estado Provincial no está asistiendo a la educación, definida por la Constitución Provincial como “función social prioritaria, primordial e insoslayable” (artículo 47).
En el mismo orden, el Estado Provincial, está incumpliendo con los artículos del Capítulo I de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 que consagra principios, derechos y garantías a observar por parte del Estado. Esta ley, es letra muerta para un amplio sector del estudiantado salteño que está marginado de la posibilidad de acceder a su desarrollo y formación integral, incapacitándolo para definir su proyecto de vida. Este educando, sujeto del aprendizaje, es un simple convidado de piedra y asiste a un sistema inequitativo de asignación de oportunidades.
Las estadísticas educativas en escala nacional reflejan la inequidad social que se plantea en diversas regiones, siendo Salta, una de las más desfavorecidas. La educación de calidad basada en la igualdad de oportunidades y posibilidades es una deuda de larga data que, en situación de pandemia, produce una profunda grieta en el sistema escolar.
Los docentes observan con interés las propuestas que surgen de otras latitudes en vista de poder planificar las clases y elaborar estrategias. Muchos pedagogos han sugerido diversos trayectos educativos pos pandemia. Las recetas son muchas, ¿pero, como aplicarlas cuando la escuela pública está atravesada por carencias económicas, afectivas, psicológicas que parten del hogar de niños y jóvenes? ¿Cómo enseñar en edificios derruidos, sin la adecuación de sus estructuras edilicias con densas poblaciones escolares? ¿Cómo adecuar currículas con escasos o nulos recursos?.
La educación es un slogan de campaña, que se repite en cada proceso electoral. Todas las expectativas puestas en ellas, siempre constituyen una defraudación para docentes y alumnos. El coronavirus, se ha hecho presente ante nosotros, mostrando la realidad lacerante de una larga etapa de políticas donde la equidad ha estado ausente. Los fondos públicos que debieron destinarse a educación, han sido desviados a otros fines. Y la virtualidad educativa, para muchos niños y jóvenes, es solo ilusión, irrealidad.
Fuente: Prensa FOCIS
