La expresidenta se sienta por tercera vez en el banquillo de los acusados. Para la Justicia la empresa hotelera y la inmobiliaria se usaron para blanquear fondos.
DANIEL SALMORAL.- La lectura del requerimiento fijó la calificación legal para cada acusado. Para Cristina Kirchner solicitaron juzgarla como jefa de una asociación ilícita, coautora de lavado de activos y admisión de dádivas. En tanto, a Máximo Kirchner lo imputaron como organizador del entramado criminal y coautor del reciclaje de fondos.
Respecto de Lázaro Báez, los fiscales mantuvieron el encuadre como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado, con la ampliación temporal de la causa Vialidad. Por su parte, a Cristóbal López y Fabián De Sousa los acusaron como coautores de lavado de dinero, ofrecimiento de dádivas y organizadores de la banda criminal.
La acusación encuadró además la responsabilidad penal de Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Carlos Sancho y Romina Mercado. «Fueron imputados como miembros de la asociación ilícita y coautores de lavado de activos en concurso real, precisando para el hijo mayor de Báez que su participación en el blanqueo se computa desde la sanción de la ley 26.683», se leyó.
Por su parte, el requerimiento detalló la calificación para los colaboradores operativos de las empresas constructoras. «Leandro Báez, Luciana Báez, Claudio Bustos y Martín Jacobs deberán responder como partícipes necesarios del delito de lavado de activos, aplicándose respecto de Jacobs la tipificación anterior según la ley 25.246 por haber cesado previamente su intervención», expusieron.
A Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, se le atribuye haber «integrado como organizador una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a la defraudación al Estado y al lavado de activos», leyeron los secretarios.
Los fiscales destacaron la función clave del profesional en la ingeniería financiera de Los Sauces S.A. «Manzanares aportó sus conocimientos técnicos para armar la estructura ilícita, llevó la contabilidad durante toda la maniobra, fijó la sede fiscal en su propio estudio en Río Gallegos y administró inmuebles de la sociedad y de los Kirchner», precisó el requerimiento.
Esa lectura también precisó la responsabilidad de Fabián De Sousa en el envío de fondos a la empresa familiar. «Directamente a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia volcó $18.554.725,76, e indirectamente mediante Idea S.A. aportó $561.665,57, constituyendo el 65% del total facturado por Los Sauces S.A. entre 2009 y 2016’, señalaron.
Los fiscales encuadraron el accionar coordinado de De Sousa con Cristóbal López dentro del engranaje ilícito. «Ejecutaron un esquema permanente para el reciclaje de fondos que permitió disimular la entrega de dinero en concepto de dádivas que habían sido ofrecidas a Néstor y Cristina Kirchner a cambio de contratos y beneficios estatales», advirtieron.
Los fiscales expusieron el mecanismo utilizado por los empresarios para canalizar fondos hacia la firma familiar. «Junto a Fabián De Sousa, Cristóbal López alquiló departamentos en el Madero Center mediante Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia para simular una causa jurídica que justificara el flujo millonario hacia Los Sauces S.A.», leyeron.
El requerimiento precisó el impacto financiero del conglomerado Indalo en las cuentas de los exmandatarios. «Directamente a través de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia giraron $18.554.725,76, e indirectamente vía Idea S.A. sumaron otros $561.665,57, representando en conjunto el 65% del total facturado por Los Sauces entre 2009 y 2016», detallaron.
Tras un cuarto intermedio, la lectura se centró en la hija de Alicia Kirchner. «Se le imputa a Romina de los Ángeles Mercado haber integrado como miembro una asociación ilícita entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, dedicada a apoderarse de fondos públicos mediante defraudación al Estado y lavado de dinero», se leyó al reanudarse la audiencia.
La acusación sostuvo el rol de la sobrina de la expresidenta en el manejo de Los Sauces S.A. «Ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar, a favor de los expresidentes y sus hijos, el dinero canalizado por las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera», remarcaron los fiscales.
El rol esencial de Lázaro Báez
La lectura del requerimiento expuso que Lázaro Báez integró un «mecanismo permanente para el reciclaje de fondos ilícitos provenientes de la defraudación al Estado mediante la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz». Según la fiscalía, el empresario montó las empresas necesarias para canalizar ese dinero hacia las firmas de la familia presidencial.
Los fiscales destacaron las decisiones de Báez al frente de sus sociedades. «Desde su rol de accionista en Kank y Costilla, Austral Construcciones y Valle Mitre, aprobó los ejercicios económicos, avaló la compra y donación de inmuebles, ratificó la voluntad de contratar con Los Sauces S.A. y nombró directores a lo largo de toda la maniobra», leyó la secretaria del tribunal.
La acusación contra Máximo Kirchner
El requerimiento de elevación a juicio ubicó a Máximo Kirchner en un rol central: el de organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de dinero. Según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, entre 2009 y 2016 el diputado nacional fue una pieza operativa clave para ejecutar y mantener el engranaje de reciclaje de fondos ilegítimos canalizados por los grupos de Lázaro Báez y Cristóbal López.
Con un poder amplio concedido por sus padres, Máximo presidió Los Sauces S.A. y coordinó la compra de inmuebles en Puerto Madero y hoteles en El Chaltén. “El hijo de la expresidenta conformó el quórum asambleario en soledad desde 2009, aprobó los balances y firmó de mano propia los contratos de alquiler con las contratistas de Báez, gestionando los movimientos que explicaron el 88% de la facturación”.
Los delitos cometidos por Cristina Kirchner
A Cristina Kirchner se le imputa que en el marco de la asociación ilícita, de la que formaba parte en “calidad de jefe, diseñó, ejecutó y dirigió entre los meses de enero de 2009 y marzo de 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del Grupo Baez y del Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.
Los ejemplos: el 7 de noviembre de 2006, Cristina junto con Néstor y Máximo Kirchner, constituyó ante el notario Jorge Ludueña la firma Los Sauces S.A., cuyo objeto social fue circunscripto al desarrollo de las actividades inmobiliarias, comerciales, de hotelería, turismo y servicios; design como presidente del órgano de directorio y colocó a su cónyuge y a sí misma como directores suplentes de la empresa.
Los jefes de la organización criminal
Según la Justicia, Néstor y Cristina Fernández “aportaron a esta organización criminal el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo le otorgaban y junto con otros funcionarios públicos que dependían de ellos: ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados/autárquicos”.
Todos ellos se “valieron de la legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público, de las competencias y atribuciones de sus puestos, pusieron en marcha y sostuvieron una maquinaria eficaz —en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes— para sustraer fondos del Estado a favor de Lázaro Báez, de Cristóbal López y de Carlos De Sousa quienes se encontraban —como privados— del otro lado de la maniobra criminal”.
El tribunal reordenará el cronograma del debate
El TOF 5 sostuvo que el requerimiento de elevación a juicio del caso Los Sauces SA obliga a reordenar el cronograma del debate.
El juez Michilini explicó que la próxima audiencia será el lunes y el próximo viernes, es decir: se usarán diez días hábiles para leer el requerimiento de más de 300 páginas.
(Informe Especial de Lucía Salinas).
Fuente: Clarín
