El proyecto que presentó la semana pasada Guillermo Snopek, senador nacional K por Jujuy, para que se intervenga el Poder Judicial de su provincia, no es novedoso: forma parte de una larga práctica del peronismo de menosprecio por la forma republicana de gobierno y el federalismo.
La intervención al Poder Judicial de Salta en 1951, demuestra con claridad que, para lograr el poder total, son condiciones necesarias: la subordinación de la justicia al poder político; las restricciones a la libertad de prensa, la persecución a opositores; el desmantelamiento de instituciones privadas y la politización de la educación y la cultura.
En febrero de 1951, en pleno receso del Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso la intervención al Poder Judicial de Salta. La medida se adoptó por Decreto 4.600, firmado por el presidente Perón. La medida se tomó a pedido del gobierno de la provincia.
El gobierno designó interventor a Atilio Pessagno, ministro de la Suprema Corte desde el 27 de octubre de 1949, cuando se incorporó en reemplazo del fallecido ministro Justo Álvarez Rodríguez. Estaba casado con Blanca Duarte, hermana de Eva Perón. Todo quedaba en familia, como ahora. Cuando llegó a Salta, Pessagno tenía 65 años.
En 1911 se graduó de abogado por la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo medalla de oro por su tesis sobre “Los estatutos en el Derecho Internacional Privado”.
En 1949 fue convencional constituyente del bloque peronista que impulsó la reforma de la Constitución Nacional para introducir la cláusula de la reelección indefinida del presidente y vicepresidente de la Nación.
El 15 de marzo Pessagno llegó a Salta y reafirmó que la reorganización del Poder Judicial sería total. Al día siguiente asumió la nueva Corte de Justicia de Salta: quedaron algunos miembros de la anterior y se incorporaron otros.
El gobierno justificó esa medida en que la justicia en Salta estaba “seriamente perturbada y desvirtuada su auténtica misión”. Añadió que existían “factores de descomposición que anidan en ella”: morosidad injustificada en juicios sobre tierras fiscales y expropiaciones; juicios, pronunciamientos arbitrarios y contrarios al Ministerio de Trabajo de la Nación, parcialidad de algunos magistrados, doctrina jurídica contraria a la Constitución Justicialista, entre otros.
Fin de la división de poderes
Esa intervención fue “una verdadera invasión en Salta: de jueces, fiscales, secretarios letrados y no letrados”. La oposición denunció esta medida como un avasallamiento del federalismo y una derogación de hecho de la división de los poderes. De forma simultánea, Pessagno fue ministro de la Suprema Corte e interventor del Poder Judicial de Salta.
“En Salta era voz corriente que la Justicia se había intervenido para actuar con más libertad de acción en el pleito de los Michel Torino”, explicó en 1953 David Michel Torino en su libro “Desde mi cárcel. Historia de una infamia”.
Que esto fue así lo confirma la rapidez con la que Pessagno designó Juez en lo Civil y Comercial al abogado Armando Carlsen Paz, quien quedó a cargo de la causa Michel Torino. La permanencia de Carlsen Paz en ese juzgado fue breve: menos de 20 días, desde el 26 de marzo de 1951 hasta el 14 de abril de ese año.
Tiempo suficiente para confirmar las sospechas de que la causa estaba sujeta a manipulaciones y presiones políticas que llegaban hasta la esposa de Perón, interesada en promover la reapertura de “El Intransigente” pero bajo la dirección de Elsa Figueroa, viuda de Abel Michel Torino, hermano de David, enfrentada con éste por la partición de la herencia.
En una audiencia, la viuda añadió otras pretensiones a las antes planteadas. “Pido, dijo ante el juez, que además de las fincas que me ofrecen en el distrito de Tolombón, se me adjudique también “El Intransigente” con todas sus máquinas e instalaciones”. Añadió: “en esta hora de dignificación y capacitación de la mujer argentina, me siento con condiciones suficientes para dirigir “El Intransigente” y así defender y prestigiar la obra que realiza Perón”.
Luego, quizás sin temor a pecar de ingenua, reveló que en las visitas que ella hizo a Perón y a Eva Perón, con motivo de su juicio, “le he prometido las columnas de este diario, para afianzar la obra social, económica y justicialista que realiza”.
Una Justicia obediente
El ministro del Interior, Borlenghi, consideraba que la justicia salteña era morosa y parcial; la integraban miembros de la oligarquía y estaba al servicio de pocas familias; por otra parte no se ajustaba a los tiempos porque “hoy la justicia debe estar conforme a la inspiración de la Constitución Justicialista, a la legislación que en tal sentido se ha dictado en la Nación y en las provincias”.
Como telón de fondo local de esta medida, también en primer plano, estaban el desplazamiento del gobernador Oscar Costas; su reemplazo por el vicegobernador Carlos Xamena –apoyado por Eva Perón-; el juicio contra David Michel Torino, dirigente de la Unión Cívica Radical, director del diario opositor “El Intransigente”, propietario de campos y bodegas en Cafayate.
El 23 de diciembre de 1949, con el pretexto de comprobar irregularidades en el manejo de las bobinas de papel, el gobierno procedió a clausurar de “El Intransigente” que DESeludió la censura publicando una hoja mimeografiada donde siguió denunciando los abusos del gobierno.
No fue casual que, tres meses después, apareciera el primer número del diario “El Tribuno”, vocero del Partido Peronista y, después, propiedad de ese partido.
La idea totalitaria de una «doctrina nacional» justicialista; de una Constitución Nacional – denominada «Constitución Justicialista» – requería de una prensa del mismo signo y de una justicia subordinada al poder político y al oficialismo.
En octubre de 1944, cinco años antes se había clausurado el diario “La Provincia”, argumentando que ese periódico “se había extralimitado en sus opiniones, pasando por encima de las atribuciones que le son propias. Esta medida no quiere decir que el Gobierno combata la libertad de prensa…”.
Rotativa y otras máquinas del diario “La Provincia”, que se publicaba desde 1908, fueron compradas para lanzar en agosto de 1949 el diario oficialista “El Tribuno”. El gobierno se apropió de bobinas de papel, cientos de kilos de plomo y útiles de los talleres de “La Provincia” y “El Intransigente”, y los entregó a “El Tribuno”.
Amordazar al periodismo crítico
Michel Torino dijo que la clausura de “El Intransigente” significaba un atropello a la libertad de opinión y por consiguiente una práctica violatoria para las garantías consagradas en la Constitución Nacional.
Era penoso para un ciudadano argentino manifestar ante otros países las fallas del gobierno nacional “que se dice respetuoso de las libertades y derechos de su pueblo”, pero que en la realidad cotidiana asechaba contra el ejercicio pleno de las funciones cívicas de las instituciones democráticas, y los principios jurídicos que rigen un Estado.
En 1951 se acentuó la ofensiva del gobierno contra la oposición: se retiró la personaría jurídica de la Sociedad de Beneficencia, fundada en 1864, y del Club 20 de Febrero, fundado en 1858. Su edificio de calle Mitre 23 fue expropiado y allí se instaló la Casa de Gobierno.
Se expropiaron fincas; se encarceló opositores; se dejó cesante a docentes; se dispusieron escuchas telefónicas y se redoblaron las delaciones de las delegadas censistas cuyo poder era superior al de los interventores del partido y hasta de los gobernadores de la provincia.
Acusado de “desacato”, Michel Torino fue detenido el 28 de mayo de 1951, en el patio de Tribunales. Permaneció en prisión hasta finales de septiembre de 1955 en la Cárcel de Salta.
La intervención al Poder Judicial de Salta formó parte de la ofensiva del gobierno peronista destinada a subordinar la justicia al poder político, politizándola e impregnándola de “doctrina nacional”. Este proceso se inició en setiembre de 1946 cuando comenzó el juicio político a los miembros de la Corte Suprema y concluyó con la remoción de todos ellos.
Señala Ezequiel Abásolo que el segundo período de la Corte Suprema concluyó a fines de 1951 y “se caracterizó por la consolidación y paulatina prevalencia de las tendencias estatistas, positivistas y colectivistas del régimen”.
Desde el golpe del 4 de junio de 1943, a lo largo de 8 años, los gobiernos de Salta de origen peronista denunciaron la situación de la justicia en Salta. Señalaron su desorganización, lentitud e inoperancia: era un brazo de la oligarquía local que obstaculizaba la revolución en marcha.
El tiempo se encargó de demostrar que la antigua fue reemplazada por una nueva oligarquía revestida de barniz popular.
Aunque todas las intervenciones federales y los primeros gobiernos peronistas anunciaron e introdujeron reformas y removieron jueces, a comienzos de 1951 la situación no parecía distinta de la heredada en 1943. La reforma de la Constitución de Salta en 1949 incluyó una clausula destinada a reorganizar el Poder Judicial de la provincia.
Pessagno, una misión política
Pessagno fue elegido por Perón para ir a Salta y cumplir las instrucciones: reorganizar todo el Poder Judicial; declarar la caducidad de sus miembros; dejar en comisión a jueces y funcionarios necesarios para el desenvolvimiento de las tareas y promover acciones por irregularidades.
La gestión de Pessagno fue cuestionada en la Cámara de Diputados de la Nación por el diputado nacional Mauricio Yadarola, radical de Córdoba. Yadarola pidió juicio político para Pessagno, propuesta que, como todas las de la oposición, fue desestimada por la mayoría oficialista sin considerarla.
Yadarola fundamentó su pedido en la sesión del 31 de mayo de 1951. “El interventor Pessagno ha instalado su despacho en la Policía Federal; esto es una afrenta al decoro de la justicia”.
La tarea de Pessagno era una negación “del orden constitucional” y “un desprecio del alto valor moral y espiritual de la justicia”, sometida al predominio de la fuerza sobre el derecho.
Yadarola añadió que Pessagno manejaba la justicia de Salta desde la Capital Federal mediante llamadas telefónicas a su oficina en la Delegación Salta de la Policía Federal “desde donde impartía órdenes a los jueces de todos los fueros”.
Yadarola cuestionó los fundamentos jurídicos de la intervención al Poder Judicial de Salta expresando que: “El vocal de la Corte Suprema ha puesto su condición de Juez del muy alto Tribunal al servicio de la política banderiza”. Y continúa el Dr. Yadarola: “El Vocal acusado ha violado la Constitución de la Nación y de la Provincia de Salta.
En cuanto al art. 79 de la primera, impone a las provincias dictar “su propia Constitución conforme a lo dispuesto por el art. 5º, es decir, que asegura la existencia del régimen republicano y democrático; y ha violado la Constitución Provincial, al decretar la caducidad del Poder Judicial, medida que importa destruir el sistema republicano que la misma consagra, eliminando uno de los Poderes del Estado.
En el mejor de los supuestos, si la intervención hubiese sido decretada por el art. 6º de la Constitución Nacional, podría resolver la caducidad de los nombramientos de los jueces inamovibles, declararlos en comisión o removerlos de un plumazo, pero jamás declarar la caducidad o abolir el poder Judicial ni ningún otro poder creado por la Constitución.
“Solo una Convención Constituyente podría declarar tal caducidad con fines transitorios de reorganización; nunca el Poder Ejecutivo Nacional, ni su representante o comisionado. El Poder Judicial es una creación de la Constitución, y no pude ser declarado caduco por el Poder Ejecutivo, ni por su comisionado. Ese acto cumplido por un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, caracteriza también su mala conducta”.
Desde entonces transcurrieron 69 años. El tiempo pasó pero el desprecio del peronismo por las instituciones republicanas se mantiene intacto. Con el agravante de una amenaza de intentar una reedición ampliada de estas mismas prácticas totalitarias.
Contra la República, el Federalismo y la Ley
El proyecto del senador nacional por Jujuy, Guillero Snopek, (justicialista – kirchnerista), repite los pretextos falaces de aquella medida de 1951. Con alta dosis de cinismo, Snopek dice que hay que intervenir el Poder Judicial de Jujuy “para garantizar la forma republicana de gobierno”.
El supuesto “federalismo” justicialista es solo un poncho para ocultar la raíz centralista y verticalista del llamado “movimiento”. Del mismo modo que, desde 1983, el supuesto carácter justiciero social de este populismo es un ropaje que recubre la mayor maquinaria de corrupción organizada desde el poder en la Argentina.
El sofisma es idéntico: para salvar las instituciones es necesario destruirlas. Para Snopek, el verdadero objetivo de una eventual intervención a la justicia de Jujuy es sacar de la cárcel a Milagro Sala.
En síntesis: de armar una “justicia” que garantice la impunidad de quien ejerció la violencia y practicó la corrupción.
En definitiva, se trata de vulnerar la autonomía provincial para montar una justicia designada por el gobierno central cuyo mandato y objetivo principal será reabrir la puerta a la violencia y la corrupción, legitimando lo ilegítimo.
Fuente: Colaboración para el Portal del Dr. Santos Jacinto Dávalos
