Trajes a medida que suman incertidumbre – Por: Néstor O. Scibona

Con el correr de los meses, las diferencias internas dentro del oficialismo se inclinaron a favor del cristinismo y diluyen la perspectiva de un diálogo con la oposición acorde con el resultado (48% a 41%) de las elecciones de 2019.

DANIEL SALMORAL.- Si en la Argentina hay un consenso bastante extendido para encarar la incierta etapa de pospandemia, es que la salida de este shock económico debería basarse en tres ejes: impulso a la inversión privada -local y extranjera-, creación de empleos productivos y mayores exportaciones, apoyados en acuerdos políticos que mejoren la calidad institucional y aseguren previsibilidad de reglas cuando quede atrás la emergencia sanitaria. No solo para revertir el retroceso y estancamiento del PBI per cápita desde 2010 (una torta productiva más chica para más habitantes), sino la decadencia económica y social de los últimos 45 años.

Lamentablemente, el gobierno deAlberto Fernández está transitando ese camino en sentido contrario. Con el correr de los meses, las diferencias internas dentro del oficialismo se inclinaron a favor del cristinismo y diluyen la perspectiva de un diálogo con la oposición acorde con el resultado (48% a 41%) de las elecciones de 2019. Así fueron resurgiendo discursos y acciones políticas en busca de culpables, con una amnesia selectiva que fracciona y edita deliberadamente la historia reciente en períodos de cuatro años; regulaciones y controles ex-ante sobre empresas y sectores afectados por el desplome económico; intentos o amenazas de estatización, en ambos casos sin considerar sus costos presentes o futuros y contradicciones sobre qué medidas de carácter transitorio por la cuarentena podrían transformarse después en permanentes.

Más preocupante aún es el diseño de «trajes a medida», con hilachas que muestran claramente las intenciones de impunidad judicial o legal de sus promotores y/o destinatarios. Un breve repaso de esta agenda paralela alCovid-19muestra que sus principales señales ignoran que la inversión privada es hija de la confianza y se nutre de la expectativa no voluntarista de que el futuro será mejor que el pasado reciente en materia económica e institucional:

  • Nadie puede discutir la necesidad de mejorar el funcionamiento y la independencia de la Justicia; en especial del fuero federal, contaminado desde hace años por el poder político de turno.
  • Pero sí es cuestionable la oportunidad y prioridad del proyecto de reforma enviado al Senado, en plena curva ascendente de contagios por el coronavirus en el AMBA y sin un acuerdo previo con la oposición para otorgarle legitimidad política y social.
  • En este debate, el interrogante sin respuesta es en qué medida la reforma apunta al interés común o al de Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios K procesados por corrupción.
  • La designación del abogado defensor de Cristina Kirchner en el consejo consultivo de juristas refuerza la sospecha de que la actual vicepresidenta (ausente en el acto de la Casa Rosada), no se conforma con su propia teoría de que la historia habrá de absolverla en las causas judiciales en su contra, como proclamó meses atrás.
  • Otro tanto ocurre con la revisión del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el propio Néstor Kirchner redujo a 5. Difícil no asociarla con la «mayoría automática» que logró Carlos Menem al ampliarla a 9 miembros. O, al menos, con una presión sobre los actuales integrantes mientras se discute el tema.
  • El plazo de 90 días fijado para que se expida el consejo muestra una urgencia que el gobierno no exhibió en otras cuestiones. Por ejemplo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Congreso debía aprobar antes del 30 de junio según la ley de emergencia. Luego prorrogó el plazo hasta fin de año por DNU y fijará hasta entonces ajustes discrecionales por la misma vía. Una ventana abierta para nuevos juicios previsionales cuando concluya la feria judicial.
  • Tanto la eventual ampliación de la Corte como la designación de 23 nuevos jueces federales en Comodoro Py, no asegura mayor celeridad ni que las causas no se eternicen hasta su prescripción, como ocurrió con Carlos Menem por el contrabando de armas. Al menos, mientras no simplifique la maraña de recusaciones, impugnaciones, recursos extraordinarios o de queja que pueden involucrar hasta 19 pasos judiciales en cuatro instancias. Paralelamente, buena parte de las causas que llegan a la CSJ surgen por apelaciones de la Anses a sentencias en firme a favor de jubilados por reajustes de haberes.
  • La última reforma del Consejo de la Magistratura (CM) en 2006, que redujo el número de miembros de 19 a 13, amplió el peso de la mayoría legislativa en detrimento de otros sectores para designar o remover jueces a través de juicios políticos, que desde entonces ejerció un virtual derecho de veto.
  • Como la estructura del CM no fue modificada y la designación de nuevos jueces titulares por concurso en los tribunales federales demora años, el proyecto de reforma prevé cubrirlos por jueces subrogantes o suplentes por un plazo de 12 meses prorrogable por otros 6, con el riesgo de designaciones a dedo y largas permanencias en determinados juzgados. Además, el Senado -con mayoría oficialista- deberá votar los acuerdos.
  • Otro traje a medida, del empresario Cristóbal López, está en dos agregados al proyecto de prórroga de la actual moratoria para deudas impositivas hasta el 30 de junio, impulsada para atenuar el impacto económico de la cuarentena. Aun así, incluyó los impuestos a los combustibles y apuestas de juego y, por primera vez, a empresas con quiebras decretadas. Es el caso de Oil Combustibles y López, procesado en 2016 por fraude al Estado al retener indebidamente impuestos por $ 6000 millones que debía girar a la AFIP y dedicó a la compra de empresas.
  • Nada que ver con el proyecto que, por unanimidad, aprobó ayer la Cámara de Diputados para suspender hasta el 31 de marzo próximo, los plazos que impone la ley de concursos y quiebras para evitar el cierre de empresas afectadas por la cuarentena.
  • La marcha atrás del Presidente con el decreto de intervención y expropiación de Vicentin, ni sus críticas al juez que tramita el concurso preventivo desde febrero, borran la desconfianza que en el ambiente empresario generó en su momento esa decisión, basada en el insólito argumento ideológico de asegurar la «soberanía alimentaria». Ahora, la empresa deberá negociar con sus acreedores y la Justicia investigar las posibles irregularidades en el manejo financiero del grupo y los créditos del Banco Nación.
  • En el ínterin se abrió otro frente de desconfianza con la ofensiva del los entes reguladores (ENRE y Enargas, intervenidos a fin del año pasado tras haber sido normalizados por concurso en 2018) para revisar y retrotraer las últimas revisiones tarifarias, subsidios y compensaciones cambiarias acordadas con el gobierno anterior.
  • En el caso de Edesur también está la amenaza de cancelar su concesión por cortes de luz en los barrios informales del sur del conurbano, detrás de un relato de amnesia selectiva. Pocos saben que por un acuerdo marco de 1994 (gobierno peronista de Menem), la responsabilidad de las distribuidoras por el servicio eléctrico llega hasta la entrada a las villas del AMBA. De ahí hacia adentro, el tendido de cables y pago del consumo comunitario (no hay medidores individuales ni catastro) pasó a estar a cargo de los municipios, cuyos intendentes dejaron de pagar esas facturas y de invertir en el mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas desde 2011.
  • La tensión entre el oficialismo y el sector privado también tuvo otro pico con la sanción unilateral (con apoyo sindical) dela ley de teletrabajo en plena cuarentena, sin considerar los reclamos de entidades empresarias por las rigideces y subas de costos que podrán frustrar esta modalidad en el futuro y desembocar en una mayor informalidad laboral. No solo equivale a dictar un código antisísmico en medio de un terremoto, sino que además entrará en vigencia 90 días después de que concluya el aislamiento obligatorio.

Con todos estos factores, más los vaivenes del canje, la emisión de pesos con riesgo de mayor inflación, el cepo reforzado y una política cambiaria difícil de sostener, será cada vez más difícil generar confianza, una condición indispensable para que los miles de millones de dólares «encanutados» vuelvan al circuito económico bajo la forma de consumo de bienes durables o inversiones productivas.

Fuente: La Nación


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