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Los K presionan al Gobierno y piden la libertad para sus presos

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DANIEL SALMORAL.- «Que resuelvan el problema nuestro». Así de tajante fue Milagro Sala, en línea con el reclamo que viene realizando desde hace un tiempo el kirchnerismo duro al Gobierno, buscando un indulto o una amnistía para los dirigentes detenidos por causas de corrupción.

Sala justamente cumple una condena de 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión.

«No es nada gracioso que en plena democracia y con un gobierno nacional y popular haya presos políticos en el país. Estoy indignada porque escucho a funcionarios nacionales decir que no van a dar el indulto ni la amnistía porque confían en la Justicia… si la Justicia cuántas veces los cagó», enfatizó Sala, durante un Zoom que compartió con Luis D’Elía y Eugenio Zaffaroni, junto a miembros de la agrupación Populismo K.

En esa línea, citó dichos de la vicepresidente Cristina Kirchner, quien más de una vez habló de un supuesto lawfare: «Como dijo Cristina, hay que enfrentarlo y cambiar la Justicia. Pido una reforma judicial para que corramos el lawfare y cambiemos la Justicia. Vamos a la reforma judicial, pero urgente».

«Basureada y humillada»

Sala aseguró que se siente «basureada y humillada» por el Gobierno nacional ya que ella pensó que con el recambio presidencial su situación y la de los otros presos K iba a cambiar.

«Todos estábamos esperando ansiosamente para que asuma Alberto Fernández como presidente, porque decíamos que se iba a terminar esta historia donde avasallaron nuestros derechos», reconoció.

«Primero comenzaron a discutir si éramos presos políticos o presos con detenciones arbitrarias. Estuvieron tres meses discutiendo eso y era ida y venida. Ya pasó casi un año y ahora últimamente hablan del indulto y otros salieron a decir amnistía», recordó.

Y continuó con su descargo: «Hoy vuelvo a decir lo mismo que dije siete meses atrás: que resuelvan el problema nuestro. Es fácil opinar desde lo no vivido», arremetió contra el Gobierno.

Sala fue detenida en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una de tres años de prisión en suspenso por encabezar una agresión contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador.

Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada «Pibes Villeros».

En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.

En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria, al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devolviera el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fuente: Télam

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