DANIEL SALMORAL.- ¿Qué jerarquía tiene para el ciudadano la vida privada de los hombres públicos?
¿El comportamiento privado de un funcionario o legislador, palmariamente contrario a principios morales y valores compartidos por la sociedad es evidencia de que su comportamiento público, en funciones, tendrá la misma característica?
¿Qué esperamos los ciudadanos de quienes han sido elegidos para formar parte de un poder del estado?
Hay un mínimo esperable: dedicación, responsabilidad, cumplimiento, conducta ajustada a las exigencias institucionales y en lo posible, decoro, es decir comportamiento adecuado y en lo posible ejemplaridad.
Y vale para todos, incluido el Presidente de la Nación que festejó el cumpleaños de su esposa en Olivos, cuando nadie podía despedir a sus familiares muertos en medio de las restricciones por la pandemia que el dispuso, pero ignoró a su favor.
El candidato mujeriego
En 1988 el senador demócrata Gary Hart, considerado por entonces el nuevo John Kennedy, perfilaba hacia la presidencia de Estados Unidos.
Pesaba sobre su figura la fama de mujeriego. Así fue que el Miami Herald publicó una fotografía de Hart despidiendo a una modelo en la puerta de su departamento, en Washington.
Hart negó todo y desafió a la prensa a mostrar evidencias más contundentes.
El reto fue aceptado y otro diario publicó días más tarde una fotografía del senador en su yate, con la novia sentada en su regazo.
A la semana Hart se bajó de la campaña presidencial no llego a la cima de su carrera política y desapareció de los primeros planos de la vida política.
Una vida privada poco ordenada y mentirosa, fue suficiente para dudar de su eficacia futura como funcionario.
Pero esencialmente tuvo la osadía de exponerse a que la prensa le demuestre que efectivamente tenía una amante.
Defraudó, quebró la confianza, fulminó la corriente de afecto y simpatía que había despertado y se puso en duda la garantía de las políticas que prometía.
Otra dimensión, el mismo problema
El contexto del ejemplo norteamericano difiere, como también la dimensión política, incluso la tradición democrática.
El correlato de la vida privada con impacto en la función pública, tiene otra jerarquía en esa cultura política, aunque también niveles de tolerancia en casos de ex presidentes norteamericanos.
No sé nada de la vida privada de la concejal electa Soledad Gramajo Salomón. No me interesa y tampoco soy quién para juzgar.
La conocí en una entrevista radial en el programa Carta Urbana para saber qué piensa sobre los problemas de la ciudad, me impresionó bien, pero es evidente que sobrepasó un límite.
Así se desprende del video viralizado con impacto nacional, en el que se aprecia a la concejal electa y ex Jueza de Faltas, tratando de conducir un vehículo, sentada en la falta del conductor.
La edil, que debe asumir formalmente su cargo en los próximos días, no acierta a maniobrar la palanca de cambios, se le cae el celular, la situación tan risueña como grave fue filmada por alguien que va en el asiento trasero.
De las imágenes y el audio, ampliamente difundidos en todo el país, se colige que el grupo va a comprar más alcohol, es decir estuvieron consumiendo y en esas condiciones van en el vehículo.
¿Puede después de este episodio en base a su experiencia como Jueza de Faltas la concejal electa Soledad Gramajo Salomón, aspirar a presidir la próxima conformación de la comisión de Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante?
¿Con qué argumentos podría ocuparse como legisladora comunal de un tema sensible, delicado, grave, como el de los siniestros viales que aquejan casi de modo salvaje a nuestra ciudad?
¿Con qué autoridad puede la edil disponerse a legislar en alguna materia si su conducta privada, expuesta públicamente, está en abierta contradicción con las normas que seguramente debió aplicar alguna vez como Jueza de Faltas?
Soledad Gramajo Salomón es abogada, fue funcionaria en varios cargos, no ignora las normas y sabe que está casi incursa en lo que se denomina incapacidad moral sobreviniente.
Muy probablemente no pueda ser objeto aun de las facultades disciplinarias previstas en el artículo 19 de la Carta Orgánica Municipal, que prevé la posibilidad de exclusión y prescribe lo siguiente:
“El Concejo Deliberante podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y hasta excluirlo de su seno por razones de incapacidad física o moral sobreviniente. Para este fin, deberán concurrir los dos tercios de votos del total de sus miembros. La exclusión de un miembro del Concejo Deliberante sólo podrá tratarse en sesión convocada para ser electo y después de haberse permitido la defensa del interesado”.
Claramente, Soledad Gramajo Salomón, no está en funciones todavía, debe asumir la próxima semana y atribuyó la situación a «jugadas maliciosas innecesarias». (clarin.com-23.11.21/21:21)
Le quedan a la concejal varios caminos. Asume públicamente su acción equivocada, errónea, voluntaria y gravemente disvaliosa y vergonzante para la política y pide disculpas públicas de frente a la comunidad que la eligió.
Hace como que no pasó nada y espera a que baje la espuma del escándalo, para que todo se subsuma en el olvido al que acostumbramos a poner esas conductas, o renuncia su banca antes de asumir.
La otra pregunta es: ¿habrá algún reproche público de la actual composición del Concejo Deliberante, de algún concejal que perciba que el cuerpo deliberativo comunal no puede tolerar miembros que lo dañen institucionalmente o funcionará algún mecanismo de protección corporativa? En resumen, ¿alguien le va a decir algo?.
Fuente: Carta Urbana
