DANIEL SALMORAL.- La palabra crédito proviene del latín credere. Creer. Su carga semántica remite a «confiar». El crédito es un problema crucial en el país. Hay una evidencia inmediata. Martín Guzmán está a punto de formular otra oferta para el canje de bonos emitidos en dólares bajo jurisdicción extranjera. Será la última. Pero nadie sabe, él tampoco, si logrará sacar al país del default en el que cayó el 22 de mayo. No es el único problema cuya salida depende de la confianza. El presidente de la UCR, el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, se preguntó si a su provincia no le iría mejor separándose de la Argentina. Es posible que haya sido un arrebato. Pero planteó un problema que será cada día más conflictivo: los recursos federales se reparten con criterios electorales. No se respeta una regla objetiva. De nuevo, desconfianza.
Por esta senda oscura se termina en el drama más complejo. La fundada sospecha de que la Justicia Federal es un arma que el poderoso arroja contra sus opositores. Esta deformación tiene su raíz en el oportunismo de los jueces. Ellos se ponen al margen de cualquier polarización. El kirchnerismo pasó cuatro años denunciando la persecución del macrismo. El macrismo denuncia ahora la persecución del kirchnerismo. Más allá de que esos reproches guarden una discutible simetría, lo llamativo es que los jueces, o, si se prefiere, los verdugos, en ambos casos son los mismos. Nada que sorprenda en una comunidad organizada en torno a un apotegma: «A los amigos, todo. Al enemigo, ni Justicia». La sociedad desciende hacia una recesión demoledora mientras su dirigencia política juega a la mancha venenosa con un Poder Judicial al que nadie toma en serio. Una convocatoria temeraria a otro «que se vayan todos».
Uno de los mejores exponentes de esta dinámica es Rodolfo Canicoba Corral. Fue acusado en el Consejo de la Magistratura, entre otras irregularidades, por exhibir un nivel de vida imposible de justificar con sus ingresos. El consejero radical y vicerrector de la UBA Juan Pablo Más Vélez lo «investigó» con criterios mucho más misericordiosos que aquellos que sirvieron para destituir al camarista Eduardo Freiler. Más Vélez llegó al Consejo de la mano del binguero Daniel Angelici, uno de los intermediarios de Mauricio Macri con la Justicia Federal. Angelici era el contacto con Canicoba, quien después encontró otro padrino: Gustavo Arribas, sobreseído en tiempo récord de la acusación de estar involucrado en el Lava Jato brasileño.
Cuando la absolución de Más Vélez estuvo a punto de ser votada, su propio autor pidió retirarla. Pero el presidente de la Comisión de Disciplina, Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, decidió hacer suyo el indulto. El kirchnerismo se preparaba para perdonar a Canicoba aprobando un texto del antikirchnerismo. Pero desistió de hacerlo. Mientras llueven sobre él otras acusaciones sobre su impresionante enriquecimiento, Canicoba está en un limbo. El próximo 29 cumplirá 75 años. Debería jubilarse, obedeciendo lo que establece la Constitución.
Sin embargo, también esa certeza comenzó a debilitarse. El consejero Juan Manuel Culotta, juez federal, propuso que los magistrados que cumplen 75 años durante la cuarentena puedan seguir ocupando el cargo hasta fin de año. No hay motivo para dudar de la buena fe de Culotta, quien en su pedido citó el caso de su colega Oscar Ameal. El argumento es que, como la Anses no les asignará de inmediato su jubilación, estos funcionarios podrían quedar «en la indigencia». Esa piadosa presunción inspiró sonrisas cuando se pensó en la situación de Canicoba. Lo discutible es que se pretenda reformar la Constitución con una resolución del Consejo de la Magistratura. ¿Y si por la misma vía se decide suspender las elecciones?
El polémico Canicoba intentará aprovecharse del pedido de Culotta para alargar su permanencia y conseguir, antes de diciembre, que Alberto Fernández lo proponga de nuevo como magistrado ante el Senado. Fernández, que tuvo malas experiencias con Canicoba, no parece estar dispuesto a consumir credibilidad en ese escándalo. Pero, por las dudas, Canicoba esta semana volvió a cambiar de piel, llamando a indagatoria a varios funcionarios de Juntos por el Cambio. Casualidades: esta decisión forma parte de una ola cuyo comienzo coincide con la reunión de tres horas que mantuvo el Presidente con Cristina Kirchner dos meses atrás. En aquel encuentro, ella le reprochó a Fernández que, mientras sus causas siguen abiertas, no hay funcionario alguno del macrismo citado en tribunales.
Para la misma época, la titular de la AFI, Cristina Caamaño, divulgó un listado de mails que se corresponderían con presuntos blancos de la gestión de Gustavo Arribas. Caamaño se adelantó así al estallido de una investigación sobre una red de espionaje que llevaba adelante Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora. Villena es otro converso. Amparado por La Cámpora, fue designado en Moreno. Como ese tribunal no se había establecido, comenzó a subrogar el de Lomas. El juez que lo ocupaba, Alberto Santa Marina, fue designado delegado de la AFI en Madrid. Todo a instancias de la segunda de la AFI de Macri, Silvia Majdalani. Por esta razón a Villena se lo supone ahijado de Majdalani.
De esa proximidad derivaron varios problemas para Villena. El kirchnerismo, que lo había promovido, le adjudicó una maniobra escandalosa: haber introducido al narco Mario Segovia en el pabellón donde estaban detenidos los funcionarios de la actual vicepresidenta con la intención de tener intervenido el teléfono por el que hablaban todos ellos. También se instalaron cámaras de TV, siempre con la intención expresa de controlar a Segovia. El enojo con Villena se hizo más intenso cuando Cristina Kirchner y sus amigos advirtieron que, en vez de ser destruidas, esas conversaciones registradas fuera del marco de un expediente judicial aparecían en los medios. Villena, que debería haberlas eliminado, confiaba a la AFI de Arribas y Majdalani que se deshiciera de ellas. En la investigación sobre Segovia, donde podrían examinarse estas presuntas irregularidades, interviene la fiscal Cecilia Incardona.
Villena ahora tiene que investigar a esa misma AFI. Lo hace en una causa que se abrió a raíz de que un narcotraficante apodado «Verdura» confesó haber sido contratado por espías para instalar un explosivo en el domicilio del radical José Luis Vila, exsubsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa y actual coordinador de Defensa de la UCR. Villena allanó domicilios, incautó teléfonos y descubrió lo que, al parecer, sería una red de agentes que reportaban a los jefes de Operaciones de la AFI Diego Dalmau y Alan Ruiz. Dalmau y Ruiz estaban bajo las órdenes directas de Majdalani. Esta trama podría haber sido detectada por Canicoba Corral si se hubiera interesado en algunas de las denuncias sobre sospechas de operaciones clandestinas en la gestión de Macri.
Villena está en una encrucijada. Debe avanzar sobre Majdalani, quien, se supone, era su madrina. En el entorno de esta exfuncionaria aseguran que el magistrado le envió un mensaje tranquilizador: «Voy contra Arribas y Macri, pero a ella no la toco». Algunos observadores interpretan que esta protección ya encontró un método: cargar las tintas sobre Susana Martinengo, la subdirectora de Documentación Presidencial durante la gestión de Cambiemos. A través de ella, el juez pretendería llegar a Darío Nieto, el secretario privado del expresidente. Esta construcción tiene una peculiaridad: omite la línea de mando de la AFI. Sobre todo, a Majdalani.
La estrategia tiene un límite: Alan Ruiz fue detenido por actividades de espionaje sobre el Instituto Patria. La investigación está a cargo de la fiscal Incardona por delegación del juez Juan Pablo Auge. Ese expediente está radicado en Lomas de Zamora porque el que ordenó los seguimientos fue el juez Villena. Majdalani se presentó en este expediente a través de sus abogados.
La documentación que encontró Villena en los celulares de los espías es incómoda porque, además de persecución a periodistas, como Hugo Alconada Mon, de LA NACION, incluye seguimientos a figuras relevantes de Cambiemos, como Horacio Rodríguez Larreta o Diego Santilli. Majdalani intenta atenuar el malestar con mensajes del tipo «con lo que te quiero, ¿cómo te voy a espiar?». Un homenaje a la institucionalidad. Arribas, en cambio, no se comunica. Y Macri suele negar cualquier acusación.
Como los jueces que cruzan de ida y vuelta el Jordán de las lealtades, en el aparato de Inteligencia existe una persistente continuidad. Majdalani llegó al cargo por su estrechísima relación con Francisco Larcher, quien manejó la Inteligencia de Néstor Kirchner a las órdenes de Jaime Stiuso. El departamento jurídico de la AFI de Arribas/Majdalani estuvo controlado por Angelici, a través de Juan De Stefano, hoy director de Subterráneos. Siempre en el submundo. Angelici contó con la colaboración de Darío Richarte, quien fue clave durante toda la gestión Stiuso. Esto explica una curiosidad: las conversaciones de Marcelo Tinelli con Julio Grondona, que se divulgaron esta semana, y que el conductor del «Bailando…» atribuye a Angelici, datan de 2012 o 2013. Durante la gestión de Cristina Kirchner, Angelici ya tenía a su servicio el aparato de espionaje. Esta persistencia de los mismos actores explica la lucha por el manejo del expediente de Villena. El fiscal Guillermo Marijuan reclama la competencia porque él venía investigando la colocación del explosivo en lo del radical Vila. Es una discusión procesal en la que se cruza la política: en el ambiente judicial llamó la atención el interés de Stiuso y de su ayudante Lucas Nekamkis por el destino de esta investigación. Marijuan nunca ocultó su amistad con Stiuso. Son detalles.
El balance es previsible: la Justicia Federal no es una institución independiente. Es una herramienta en la lucha de poder. Por lo tanto, es una organización sospechosa. De nuevo el problema: ¿en quién confiar? El ministro Guzmán tiene cerrado un entendimiento con los fondos Fintech, Greylock y Gramercy. ¿Formalizará su oferta apostando a que Blackrock, Fidelity, Templeton, los que no acordaron, desistirán de ir a los tribunales de Nueva York? Los disidentes se quejan de arbitrariedades en las cláusulas jurídicas de los nuevos títulos. Desconfían.
El Gobierno intenta acercarse a los inversores. Un ejemplo: el jueves pasado, en la casa de Marcos Bulgheroni, comieron Miguel Acevedo y Marcelo Mindlin -a quien muchos kirchneristas consideran un alter ego de Macri-, con Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa. Organizó Massa, el Alberto Fernández del diputado Kirchner. Hace dos jueves Bulgheroni visitó a Cristina Kirchner. Hijo ‘e tigre.
La proximidad con el empresariado no significa proximidad con el mercado. A veces es su negación. Anteayer, la Secretaría de Comercio Interior emitió la resolución 200, en cuyo artículo 3º se obliga a un conjunto de empresas a producir al máximo de su capacidad instalada, asegurando el transporte y provisión de su mercadería. Basta de mojigaterías como las «empresas testigo». Planificación estatal, a secas
La cuestión central no es novedosa. Existe una dificultad enorme para establecer un consenso no sobre contenidos, sino sobre reglas. En el corazón de ese inconveniente está el comportamiento de los jueces. Es Perón, perfeccionado: «A los amigos, todo. Al enemigo, la Justicia».
Fuente: La Nación
