Juzgados Contravencionales: ¿Alcanzarán para frenar a la «policía brava»? – Por: Daniel Salmoral

Según lo dicho por varios legisladores opositores y también por Organismos de Derechos Humanos con gran predicamento en la provincia, les sigue preocupando, tal como lo informó el Procurador General, los excesos policiales que se siguen dando ahora con un Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Manuel Pulleiro.

DANIEL SALMORAL.- El duro reclamo desde diferentes sectores políticos, judiciales y sociales al DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 255, luego convertido en la Ley Nro. 8101 por la cuál se otorga «superpoderes» a la Jefa de Policía para actuar y juzgar delitos menores, llevó al gobierno de Gustavo Sáenz a encargarle al presidente del Senado y vicegobernador, Antonio Marocco junto al secretario de Justicia de la Provincia, Diego Pérez, la redacción de un proyecto de ley para la creación de Juzgados Correccionales que serían quienes deberían actuar, constitucionalmente, cuando se cometan delitos de menor cuantía considerados como «contravenciones».

De esta forma, se pondría fin a las facultades que fueron otorgadas por el Poder Ejecutivo Provincial a la Policía salteña cuando se inició la cuarentena originada por la aparición del COVID-19 meses atrás.

Apenas se conoció los alcances del DNU, fueron varios los sectores que se se manifestaron en contra de la medida por el peligro que conlleva otorgar tamaños poderes fuera de la órbita judicial.

Los diputados opositores junto a entidades como FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta), que nuclea a un heterogéneo y respetado número de ex legisladores, juristas y profesionales con origen en diversos partidos políticos, fueron quienes salieron a advertir sobre los riesgos que implicaba otorgar poderes más allá de los ordenados por la Constitución de la Provincia a quien ejerza la jefatura de la Policía salteña, más allá de su sexo o antigüedad en la fuerza.

Estos, más las contundentes expresiones como las del Ministerio Público Fiscal, fueron quienes alzaron su voz contra el DNU pero no alcanzó para que la mayoría «automática» con la que cuenta el oficialismo en los ámbitos legislativos, en un tratamiento exprés, lograra que se apruebe un proyecto y el criticado DNU cambiara de status, pasando de decreto del Ejecutivo a Ley provincial.

La diputada Socorro Villamayor, una de las espadas legislativas con las que el oficialismo cuenta en esa Cámara legislativa y respecto de la ley aprobada en un abrir y cerrar de ojos, sostuvo a manera de explicación en el programa político «7 PM», que la ahora ley tenía razón de ser porque es necesario «cuidar a los salteños y a la vez hacer que se cumplan con las disposiciones dispuestas por el gobernador para protegernos de la pandemia». También, agregaba en esa entrevista, que esta ley «no implica que la Policía podrá cometer excesos», a la vez que «no se quitan garantías constitucionales a los ciudadanos».

A pesar de las afirmaciones de Villamayor, siguieron las críticas hacia la nueva ley por parte de la oposición legislativa, más aún después de escuchar un revelador informe que llevara a la Cámara de Diputados el Procurador General de la provincia y titular del Ministerio Público Fiscal, Abel Cornejo, en el que dio cuenta de un importante número de causas por excesos policiales que se radicaron en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, de las cuales solamente unas cuantas avanzaron mientras que la mayoría fueron archivadas.

El lapidario informe, en algunos de sus aspectos, dejó a la luz lo siguiente:

«De 2.065 causas ingresadas a la Fiscalía de Derechos Humanos durante 2019 y el primer trimestre del 2020, se resolvieron solo 97, «menos del cinco por ciento», dijo el documento con el que llegó el jefe de los fiscales a la reunión con los diputados.

Además, en el mismo informe, Cornejo les contó a los diputados que «lo que más preocupa es el destino de las causas: 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación. 376 fueron enviadas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo. 735 fueron archivadas sin trámite alguno y 684 siguen en trámite y aún sin resolución».

También reconoció en ese encuentro «la mala administración de los documentos judiciales» y puso como ejemplo que «durante 2019 se abrieron sólo 18 legajos de investigación y contó que al momento de la Auditoría, solo 9 de los 18 legajos de 2019 se encontraban en la Fiscalía por lo que ante «el resultado insatisfactorio ya se inició un sumario administrativo y vamos a tomar medidas disciplinarias«, adelantó en esa oportunidad, cosa que días después concretó puertas adentro de las fiscalías a su cargo.

Sin duda, los dichos del Procurador General de la provincia encendieron luces de alarma entre los Diputados, pero lo que los preocupó aún más fueron los datos que les arrimó respecto de los excesos policiales cuyos casos tienen nombre y apellido.

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Así pasaron por el informe de Cornejo, lo que le ocurrió a Gury Farfán, Cristian Gallardo, Nahuel Salvatierra, Martín Carreras, David Alfonso, quienes son algunas de las víctimas de los excesos policiales y por eso es que se conformó un grupo de padres que se autodenominaron «Comisión de Familiares Contra el Gatillo Fácil».

Pero, siguió diciendo el dossier del titular del Ministerio Público ante los legisladores, que «la fuerza no es puesta bajo la lupa solo por excesos sino también por mal desempeño y ocultamiento de pruebas, como en el caso del femicidio de Liliana del Valle Flores, en Cerrillos». Sobre ese caso, detalló que la mujer «fue asesinada por un efectivo policial y que ahora la Justicia investiga adulteraciones en el libro de actas y la consigna policial».

También, relató que «se analiza un posible ocultamiento de pruebas desde el 911 por el asesinato de Rosa Sulca», crimen cometido en Villa Mitre, en el que quedó bajo sospecha la actuación de los policías.

Sobre el final de su visita, el Procurador General afirmó que las denuncias por excesos policiales aumentaron durante la pandemia y con «las garantías constitucionales en riesgo de quedar supeditadas a la ‘emergencia sanitaria’ por el decreto 255/2020», a quién consideró como la «frutilla del postre y un instrumento que otorga a la Policía superpoderes y permite que el jefe de la institución pueda actuar como juez».

Con estos antecedentes, las criticas hacia la posibilidad que la ahora ley Nro. 8101 siga en vigencia no se hicieron esperar y un grupo de diputados opositores entre los que figuran: Manuel Santiago Godoy; Carlos Zapata; Héctor Chibán; Cristina Fiore; Ramón Villa y Julio Moreno, entre otros, solicitaron en la pasada sesión del cuerpo su derogación «ante la amenaza que sufren los ciudadanos de ser arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad con el consiguiente riesgo para su salud», dijeron en los fundamentos del proyecto que, sin embargo, fue rechazado de manera contundente por la mayoría oficialista.

No obstante esta decisión de los diputados que responden al Grand Bourg, ahora, con éste encargo a Marocco y Pérez, se advierte que el gobernador Gustavo Sáenz le dará la instrumentación que corresponde a la creación de los Juzgados Contravencionales, para que sean ellos quienes se ocupen y resuelvan qué hacer con aquellos ciudadanos que caigan en delitos considerados como «contravenciones».

Si bien es cierto esta decisión de Sáenz es una buena señal, desde la piel de los ciudadanos de a pie, según lo dicho por varios legisladores opositores y también por Organismos de Derechos Humanos con gran predicamento en la provincia, les sigue preocupando, tal como lo informó el Procurador General, los excesos policiales que se siguen dando ahora con un Ministerio de Seguridad a cargo de Juan Manuel Pulleiro.

«Lo de los juzgados contravencionales es alentador y es lo que el Gobernador debería haber hecho de entrada, pero nos sigue preocupando la actuación de la ‘policía brava’ de Pulleiro que el otro día le provocaron la pérdida de un ojo a un muchacho; hirieron a un chiquito con balas de goma en un desalojo en la zona norte de la ciudad, además que un hombre denunció que sufrió torturas en un pueblo del interior de la provincia por parte de efectivos del 911», comentó un importante referente de DD HH con actuación desde hace años en Salta.

Mientras tanto, a través de un memorándum interno, el Ministerio de Seguridad determinó que cualquier información referida a la fuerza, solamente podrá ser brindada por el Departamento de Prensa de la institución quitándole así toda posibilidad para que los responsables de las comisarías, tanto de capital como del interior, informen o comenten sobre operativos llevados adelante.

Marocco y Pérez, vice gobernador y titular del Senado y secretario de Justicia de la provincia, tendrán que apurarse en elaborar el proyecto de ley para crear los juzgados contravencionales pero mientras tanto, será necesario que alguien se ocupe, de manera inmediata, en ponerle freno a los excesos que, como se ve, algunos efectivos policiales, no todos por cierto, llevan adelante contra ciudadanos de todas las edades, trayendo a la memoria con su despreciable accionar, nombres que ya no se quieren recordar como los del «Sapo» Toranzo; Murúa y Guil, entre otros, hoy condenados por la justicia de la Democracia por haber cometidos aberrantes delitos de «lesa humanidad».


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